Partido Popular en Cantabria

El vicesecretario del Partido Popular de Cantabria José Manuel Igual, ofrecerá mañana miércoles, día 17 de junio, una rueda de prensa sobre derribos.

El diputado Iñigo Fernández ofreció a los grupos de la oposición retirar las iniciativas presentadas y sentarse a negociar para buscar una "respuesta conjunta" a los afectados.

"No es el momento de proceder a la valoración de las viviendas cuando éstas a lo mejor no se tiran nunca".

Con ello pretende garantizar el patrimonio de los afectados por la ejecución de las sentencias de derribo.

El diputado Iñigo Fernández defenderá la Proposición no de Ley del Grupo Popular en el Pleno del próximo lunes.

El Gobierno de Cantabria está incoando expedientes administrativos para compensar mediante el procedimiento de 'vivienda por vivienda', si se produjera el derribo.

Iñigo Fernández considera que "el PSOE, en lugar de ayudar, parece decidido a enredar".

El diputado regional Iñigo Fernández asegura que "todos los pasos se están dando de acuerdo con los servicios jurídicos y con los tribunales".

El diputado regional Iñigo Fernández señala que el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Escalante trabajan para legalizar las viviendas del edificio Las Torres y que "sólo en el caso de que no pudiera resolverse favorablemente este trámite, procedería concluir los expedientes de responsabilidad patrimonial, ya iniciados por el Gobierno, con la valoración y tasación de las viviendas".

El PP defiende el consenso frente a un PSOE que quiere "desmarcarse".

El PP defiende el consenso frente a un PSOE que quiere "desmarcarse".

El acuerdo contempla demoler lo indebidamente construido y restaurar ambientalmente el espacio, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que fijen en su día los tribunales.

"¿O es que el PSOE pretende que el Alto del Cuco continúe eternamente en el actual estado de ruina?", se pregunta el diputado regional Iñigo Fernández.

El Grupo Popular presenta una iniciativa parlamentaria en la que se pide perdón y garantizar el patrimonio de las familias afectadas por las sentencias de derribo como consecuencia de las actuaciones de las administraciones.