Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular en el Parlamento de Cantabria considera que la iniciativa anunciada esta misma mañana por los socialistas, mediante la cual solicitará al Gobierno de Cantabria que cierre un acuerdo con los afectados por la ejecución de las sentencias de derribo en cuanto al valor de sus viviendas y con el fin de garantizar su patrimonio, "carece de sentido en este momento" porque "el Gobierno de Cantabria ya ha iniciado los trámites para garantizar el patrimonio de los afectados" mediante el procedimiento de 'casa por casa'.

Así lo ha explicado Iñigo Fernández, diputado del PP en el Parlamento de Cantabria, quien ha avanzado que "desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se están incoando ya los primeros expedientes administrativos con este propósito".

"Hace días se han remitido ya las primeras cartas a los propietarios de la urbanización La Arena, en Arnuero, y se han celebrado reuniones con propietarios de Argoños, Escalante y Piélagos con el fin de explicarles en qué consiste este procedimiento", avanzó Iñigo Fernández. A partir de ahora, los propietarios a quienes se les vaya a derribar su inmueble podrán optar entre la vía de la compensación (casa por casa) o la vía de la indemnización.

Según Iñigo Fernández, el inicio de estos expedientes administrativos no implica que el Gobierno desista de su objetivo de regularizar el mayor número de viviendas posible, pues "consideramos que sería un disparate y un despilfarro de dinero público que los jueces obligaran a demoler allí donde, inmediatamente, podría volverse a construir". "Si hay otros caminos para cumplir las sentencias y restituir la legalidad sin consumar la demolición de las edificaciones, estamos obligados a explorarlos", asegura.

Como ejemplo, puso el de determinadas urbanizaciones de Argoños cuya sentencia de derribo se fundamentó en la falta de estudio de detalle y en el impacto paisajístico. "El impacto paisajístico ha desaparecido en muchos casos debido a la construcción de otras urbanizaciones alrededor de la primera y el estudio de detalle es un documento urbanístico que en cualquier momento se puede elaborar. ¿Qué sentido tiene demoler estas viviendas, si al día siguiente se puede volver a construir allí y con un 30% más de edificabilidad?", se pregunta.

Según Iñigo Fernández, los pasos que se están dando desde la Consejería de Medio Ambiente no son otros que los previstos en el Plan de Ejecución de Sentencias de Derribo, promovido por el consejero Javier Fernández y debatido en el Parlamento de Cantabria en octubre de 2011. Ese plan contemplaba como primera opción regularizar la situación de aquellas viviendas cuya legalización fuera posible; como segunda, la compensación al propietario mediante el procedimiento de 'vivienda por vivienda'; y, como tercera y última alternativa, la indemnización económica a la familia. "Eso es precisamente lo que se está haciendo: seguir paso a paso el guión previsto en el Plan de Ejecución", asegura Iñigo Fernández, para quien "la iniciativa del PSOE tiene como única finalidad enredar, que es a lo que lleva dedicado Miguel Ángel Palacio en los últimos meses".

"El PSOE, en lugar de ayudar, parece decidido a enredar. No le preocupa lo más mínimo el patrimonio de los afectados como no le preocupó en los ocho años en que estuvo en el Gobierno. Lo que quiere es hacerle el juego a ARCA desde el Parlamento de Cantabria. Por eso Miguel Ángel Palacio habla de alcanzar acuerdos con los ganadores de los pleitos, que es tanto como renunciar a la vía de la regularización de viviendas para proceder directamente a la demolición de todas ellas", ha advertido Iñigo Fernández.