Partido Popular en Cantabria

El Parlamento ha acordado por unanimidad en la sesión plenaria celebrada este lunes, instar al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos en los que se han dado sentencias de derribo de viviendas como consecuencia de las actuaciones de las administraciones públicas, a pedir perdón a las más de 600 familias afectadas "por el grave daño y sufrimiento ocasionado durante años", así como a garantizar el patrimonio de estas familias, instando a las instituciones que hayan sido declaradas culpables a que en el espacio más breve posible adopten las medidas y acuerdos vinculantes con los afectados a tal fin.

Asimismo, mediante la aprobación de esta iniciativa, el Parlamento de Cantabria se compromete a adoptar las medidas oportunas para evitar que situaciones "tan injustas como ésta" puedan volver a producirse en el futuro.

El acuerdo ha sido posible a partir de una Proposición no de Ley del grupo parlamentario Popular en apoyo a las familias afectadas por las sentencias de derribo, que se ha visto modificada por una enmienda del PSOE, que rechazaba la redacción inicial del texto que contemplaba que fuese el Parlamento el que pidiese perdón a los afectados en nombre de todas las administraciones de la comunidad autónoma.

El Grupo Popular ha aceptado la enmienda socialista "por mantener el espíritu de consenso", según ha explicado el diputado regional del PP Iñigo Fernández, quien ha lamentado que el objetivo del PSOE con esta enmienda fuese "desmarcarse" de la iniciativa, "como buscó desmarcarse cuando se abstuvo de la Ley de Autorizaciones Provisionales, que era una demanda y una necesidad de los afectados".

Iñigo Fernández ha abogado por el consenso ante este problema, "porque es lo que quieren la víctimas", tras señalar que la responsabilidad por las sentencias de derribo se extiende sobre los Gobiernos anteriores, recordando a modo de ejemplo que las 250 viviendas de Argoños con sentencia de derribo "pasaron todas y cada una de ellas por las manos de Miguel Ángel Revilla (PRC) cuando era presidente de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU)" o que fue un consejero socialista quien emitió un informe favorable de impacto ambiental al Plan Parcial del Alto del Cuco.

Durante su intervención, Iñigo Fernández ha considerado que aunque directamente afectadas por la ejecución de las sentencias de derribo hay 650 familias en Cantabria, que ni cometieron delito ni irregularidad administrativa alguna porque compraron viviendas que eran legales cuando las adquirieron, "afectados por los derribos somos todos los cántabros", ya que si no se encuentra una solución a este problema los costes derivados del proceso de indemnización a los afectados directos sobrepasarían los 250 millones de euros y a esos costes tendrían que hacer frente tanto los Ayuntamientos como el Gobierno de Cantabria.

"En diversas ocasiones los afectados han pedido un pronunciamiento de la Cámara para pedirles perdón. Es una deuda que tenemos con ellos y el PP está dispuesto a resolver esa deuda hoy y está dispuesto a que la resolvamos con el acuerdo de todos", ha sentenciado Iñigo Fernández, quien ha lamentado que el diputado socialista Miguel Ángel Palacio se ha llevado un "disgusto" por verse forzado a votar a favor de la propuesta del Partido Popular.