Partido Popular en Cantabria

La secretaria autonómica del PP considera un atrevimiento las palabras de quien hace dos años decía exactamente lo mismo cuando se denunciaba la llegada de la crisis.

Siete años después de iniciarse el proyecto, el polígono industrial de La Espina en Torrelavega aún no se ha terminado, pero el Gobierno ha gastado en él 26 millones de euros cuando las obras se adjudicaron por un importe de 8,6.

Siete años después de iniciarse el proyecto, el polígono industrial de La Espina en Torrelavega aún no se ha terminado, pero el Gobierno ha gastado en él 26 millones de euros cuando las obras se adjudicaron por un importe de 8,6.

La secretaria autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga explicó como tras siete años se constata que el pacto entre socialistas y regionalistas es un mero reparto de poder y de intereses personales por el que sólo se pretendió desalojar al Partido Popular del Gobierno; por el que Revilla entregó el Gobierno a los socialistas a cambio de que Zapatero le hiciera Presidente y que Cantabria está condenada a pagar enterrando cualquier derecho, voluntad y atisbo de reivindicación regional.

La secretaria autonómica del PP, María José Sáenz de Buruaga explicó como tras siete años se constata que el pacto entre socialistas y regionalistas es un mero reparto de poder y de intereses personales por el que sólo se pretendió desalojar al Partido Popular del Gobierno; por el que Revilla entregó el Gobierno a los socialistas a cambio de que Zapatero le hiciera Presidente y que Cantabria está condenada a pagar enterrando cualquier derecho, voluntad y atisbo de reivindicación regional.

La diputada regional y portavoz de Industria del PP, María Antonia Cortabitarte, efectuó hoy un balance de las actuaciones del Gobierno de Cantabria en materia de suelo industrial. Cortabitarte sintetizó este balance en dos puntos "retrasos injustificados e imperdonables en la ejecución de los proyectos" e "incumplimientos continuos de las promesas y compromisos que el propio Gobierno ha asumido en materia de ejecución de suelo industrial".

La diputada regional y portavoz de Industria del PP, María Antonia Cortabitarte, efectuó hoy un balance de las actuaciones del Gobierno de Cantabria en materia de suelo industrial. Cortabitarte sintetizó este balance en dos puntos "retrasos injustificados e imperdonables en la ejecución de los proyectos" e "incumplimientos continuos de las promesas y compromisos que el propio Gobierno ha asumido en materia de ejecución de suelo industrial".

La diputada regional y portavoz de Economía, Cristina Mazas, instó en el Parlamento al Gobierno regional a no incrementar los impuestos, las tasas ni los precios públicos, así como a rebajar aquellos impuestos, en especial el IRPF, que incentiven la creación de empresas, la generación de empleo, el acceso a la vivienda para personas con menos recursos y a implementar cualquier otra medida fiscal que contribuya a paliar la situación económica de los más desfavorecidos.

La diputada regional y portavoz de Economía, Cristina Mazas, instó en el Parlamento al Gobierno regional a no incrementar los impuestos, las tasas ni los precios públicos, así como a rebajar aquellos impuestos, en especial el IRPF, que incentiven la creación de empresas, la generación de empleo, el acceso a la vivienda para personas con menos recursos y a implementar cualquier otra medida fiscal que contribuya a paliar la situación económica de los más desfavorecidos.

La portavoz de Economía del Partido Popular, Cristina Mazas, explicó en rueda de prensa las diversas contradicciones del Gobierno en materia de financiación autonómica, presupuestaria y fiscal. La mala planificación presupuestaria obligará a Cantabria a pagar el próximo año bastante más de los 135 millones previstos en la liquidación de 2008. Según los datos del Ministerio de Economía, Cantabria ha sido la única comunidad autónoma de régimen común que no ha adoptado medida fiscal alguna en 2009, mientras que el resto, de todo signo político, sí lo han hecho. En cuanto a los 110 millones adicionales de la nueva financiación autonómica, el Gobierno dice ahora que servirán para pagar deudas, cuando el objetivo del nuevo modelo supuestamente es mejorar la calidad de los servicios públicos con esa financiación adicional.