"El problema que ellos manifiestan es absolutamente sensato", señaló el presidente del PP cántabro al explicar que "el promotor del polígono de Requejada no es otro que el Gobierno de Cantabria".
"Es el Gobierno de Cantabria quien en su día promueve el Polígono de Requejada y es la Administración pública la que ahora, con unos criterios que no ven en ninguna medida claros, altera las condiciones en las que se vendió ese polígono por parte del Gobierno de Cantabria", explicó Diego.
Según el presidente del Partido Popular de Cantabria, "estos empresarios perciben con pesar que el Gobierno de Cantabria se mantenga absolutamente al margen de las acciones que la Demarcación de Costas lleva a cabo aquí, cuando el Gobierno de Cantabria es competente en materia de Ordenación del Territorio porque es una de las competencias transferidas por el Estado a Cantabria y que no está queriendo ejercer, en ninguna medida, con la aplicación de la Ley de Costas en nuestra región".
En este sentido, Ignacio Diego señaló que aún no ha recibido respuesta a sendos escritos enviados la semana pasada al presidente del Gobierno regional y al Delegado de Gobierno en Cantabria solicitando un encuentro con el fin de informarles de la iniciativa del Partido Popular.
Ignacio Diego recordó que con la modificación planteada por su formación política se pretende evitar que la aplicación rigurosa de la Ley de Costas afecte gravemente a cientos de empresas, instalaciones industriales o explotaciones ganaderas y amenace el futuro laboral de miles de trabajadores.
"En esta reunión estamos exponiéndoles el contenido de la modificación que hemos promovido, el objetivo que pretende, en qué medida atiende al problema que ellos padecen con este reciente deslinde y compartiendo con ellos los distintos puntos de vista en relación con las situaciones que se crean con la Ley de Costas en su aplicación aquí en Cantabria. En una palabra, estamos intentando ser útiles", dijo el presidente del PP.
En palabras de Ignacio Diego, ya no se trata de una propuesta sino de un "hecho cierto". "Ya es una modificación de dos disposiciones transitorias de la Ley de Costas que interesan, concretamente, a lo que son las concesiones administrativas - explicó - para reconocer cuestiones tan evidentes como que si es la propia Administración quien dio en su día las concesiones administrativas y las dio de una determinada manera, que la propia Administración no cambie de criterio sino que sostenga los criterios de las condiciones en las que se hizo aquella concesión en su día".
"Que nada se haga, que no se dé ningún paso sin que previamente se haga, término municipal por término municipal y concesión por concesión, un estudio que determine la afección a la costa de esa concesión a futuro y que nada se altere en cuanto a las condiciones que en este momento tenga sin previamente tener ese catálogo hecho", aseveró Diego.
