Partido Popular en Cantabria

El alcalde de Rionansa, José Miguel Gómez (PP), calificó hoy como "un hecho relevante" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que obliga al Gobierno cántabro a ejecutar el acceso desde el pueblo de Celis a la cueva de El Soplao, tal y como el propio Ejecutivo se había comprometido a hacer mediante la firma de un convenio que data del año 2005.

El vial se encuentra en la actualidad en un estado lamentable que pone en peligro la integridad y la vida de las personas que lo transitan. Además, ya ha causado numerosos daños materiales a los vehículos que circulan por ella. La diputada regional y portavoz de Medio Ambiente, Isabel Urrutia, denunció el estado en el que se encuentra la carretera por la que acceden diariamente numerosos vecinos de los pueblos limítrofes que trabajan en el vertedero de Meruelo y cientos de camiones que acuden todos los días a depositar en el vertedero los residuos sólidos urbanos.
Urrutia explicó que "son numerosos los camiones que se han visto accidentados en los últimos meses, con la peligrosidad que ello supone, y aunque hasta la fecha no hemos tenido que lamentar daños personales, el Gobierno tiene que actuar para que esto no ocurra en el futuro".

A pesar de ser cientos los afectados por la Ley de Costas, Revilla tan sólo habló de la ministra de Medio Ambiente de la situación del campo de golf de Oyambre, propietario de su amigo Montalvo, presidente de la constructora SEOP. El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, calificó el encuentro de Revilla con la ministra como "el retrato político de Revilla, es PRC en estado puro". Así, explicó que el campo de golf se encuentra en dominio público, "de todos", siendo una concesión, y que ahora está afectado por el deslinde.

EL PP expresa su satisfacción tras conseguir que "se vaya a garantizar la potabilidad del agua" pero pide la dimisión del alcalde.

Ante la actitud oscurantista del Gobierno, se hace indispensable conocer la versión del socio privado de una empresa en la que se han invertido más de 35 millones de euros de dinero público.El Grupo Parlamentario Popular ha registrado esta mañana una petición en el Parlamento para que el presidente del Consejo de Administración de GFB comparezca ante la Comisión de Industria con el fin de "despejar la incógnitas" sobre el futuro de la fábrica y "aclarar de una vez por todas cuál es la verdadera situación del proyecto y el futuro que le espera".

Para el Partido Popular Caja Cantabria es y debe ser una gran entidad financiera que ofrezca los mejores servicios a sus clientes y a que a la vez produzca unos grandes beneficios sociales y económicos para nuestra Comunidad. Por ello y con más razón que nunca si cabe, la Caja ha de ser gestionada por los mejores profesionales, independientes y alejados de intereses particulares de nadie y de intereses partidistas. Una situación que así se viene produciendo en los últimos años independientemente de quien haya gobernado en Cantabria.

El diputado José Antonio Cagigas dice que el Gobierno está utilizando el dinero público para intereses particulares y partidistas

El diputado regional del Partido Popular, José Antonio Cagigas, pidió hoy que se anule el contrato que el Gobierno ha firmado con el actual alcalde de Medio Cudeyo, el regionalista Juan José Perojo, para alquilar un local de su propiedad con el fin de ubicar los fondos del Museo de Prehistoria.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas de Valdearroyo, Carlos Lantarón, lamentó hoy lo que calificó como "despreocupación y abandono" de la Consejería de Obras Públicas por la carretera Bolmir-Arija. Una obra que, según recordó, "se inició con varios años de retraso y cuya ejecución va a paso de tortuga".

Julián Vélez reclama a Gómez Morante que "no manipule las decisiones judiciales" y le exige "responsabilidad institucional"

El alcalde de San Vicente de la Barquera y vocal de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios de Cantabria, Julián Vélez (PP), recordó hoy a la presidenta del citado organismo, la alcaldesa de Torrelavega Blanca Rosa Gómez Morante, que su elección fue "ilegítima" según determinó el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Torrelavega al declarar nula la elección de la directiva.

Con la incertidumbre de un ERE y el Gobierno dándose a la fuga, el PP considera que es prioritario que la fábrica comience la producción y que se recupere el dinero público invertido. La secretaria autonómica del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, cree que "no hay nadie capaz de garantizar hoy la puesta en funcionamiento" de la fábrica de GFB y criticó que hasta el Gobierno regional "se está poniendo ya en lo peor" y ha optado por "manipular la realidad e insultar la inteligencia" de los cántabros diciendo que la inversión está garantizada.