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Red de Orientación Educativa, la discriminación continúa

Tribuna de opinión de Mercedes Toribio, diputada regional y portavoz de Educación del Grupo Popular, publicada en el Diario Montañés el domingo 14 de enero

Cuando en los Institutos de Educación Secundaria (IES) se estableció, hace muchos años, la Orientación Interna con la creación de departamentos de Orientación, se atribuyeron también algunas horas de Orientación Interna para Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en los centros concertados.

Sin embargo, esta tendencia se rompió cuando el Modelo de Orientación de Cantabria introdujo “estructuras internas” de Orientación en los colegios públicos de infantil y primaria, y no lo hizo en los colegios concertados.

Así, en el curso 2005-2006 se implementó un plan experimental de potenciación de la Orientación Educativa en Educación Infantil y Primaria, con la creación de Unidades de Orientación en 11 colegios públicos. Con la implantación de estas Unidades de Orientación se pretendía que las propuestas relativas a la atención a la diversidad estuvieran totalmente integradas en la organización y estructura de los centros educativos, es decir, se aumentó el apoyo especializado con profesorado de orientación educativa integrado en los centros a jornada completa.

Según se recoge en el “Modelo de Orientación para Cantabria”, la acogida que tuvieron dichas unidades y las posibilidades que ofrecían para potenciar el apoyo psicopedagógico permitía vislumbrar la idoneidad de la propuesta. Tal es así que a partir del curso 2006-2007 se crearon Unidades de Orientación Educativa en todos los centros públicos de educación infantil y primaria de más de 250 alumnos, un Modelo de Orientación que actualmente está consolidado en Cantabria.

Sin embargo, después de 12 años, el alumnado que está escolarizado en la red concertada sostenida con fondos públicos sigue sin poder ser atendido por una estructura de Orientación Interna. Actualmente este alumnado es atendido por equipos externos de orientación educativa con una periodicidad de un día a la semana o la quincena, según lo establezca la administración educativa, o en algunos centros, a demanda, para atender los casos/problema.

Esta diferencia de trato es injusta en cuanto que la Orientación es una dimensión de toda acción educativa y un derecho de todo el alumnado.

Consideramos que la diferencia de criterio por parte de la administración educativa a la hora de establecer la provisión de recursos para desarrollar la Orientación Educativa en Cantabria incumple la normativa aplicable que establece: Art. 2.2 de la LOMCE “los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza” y entre estos factores está presente “la orientación educativa y profesional”. Y su Art. 1 Apart. f) propugna que “la orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. Estos dos artículos provienen de la LOE y no han sido modificados por la LOMCE.

Asimismo, el Decreto 53/2009, de 25 de junio, regula la convivencia escolar y los derechos y deberes de la comunidad educativa en la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece en el Art. 8 que la orientación educativa es un derecho del alumnado... “Todos los alumnos tienen derecho a recibir orientación educativa para conseguir el máximo desarrollo personal, social y profesional, de acuerdo con sus capacidades e intereses, evitando cualquier tipo de discriminación”.

Ésta es ya una reivindicación histórica. De esta manera, por ejemplo, lo demandaba UGT en 2008: “todos los centros sostenidos con fondos públicos deben estar en iguales condiciones. La orientación educativa debe plantearse de tal forma que no haya discriminaciones entre los centros públicos y concertados. La Administración debe impulsar y velar porque esto ocurra”.

Por todo ello, hemos solicitado al Parlamento de Cantabria que inste al Gobierno de Cantabria a que se adopten las medidas legales y reglamentarias necesarias para equiparar los derechos de todo el alumnado, consolidando y reforzando una red de Orientación Educativa que dote de recursos con igualdad de criterio a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y nuestra sorpresa ha sido que la iniciativa ha sido rechazada por el resto de partidos, con distintos argumentos, unos por ser insuficiente lo que pedimos y otros por ser excesivo. La discriminación continúa.

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