Partido Popular en Cantabria

"El Gobierno no tiene ninguna capacidad de decisión ni sobre el proceso concursal ni sobre la actual fase del proceso de liquidación" de la empresa GFB. Así lo ha explicado hoy el presidente del Partido Popular y del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Cantabria. Diego recordó que la empresa, ya cuando él accedió a la presidencia, se encontraba inmersa en un proceso concursal y, por tanto, "sólo las instancias judiciales, a propuesta de los administradores concursales serán quienes puedan tomar una decisión en el sentido que sea".

El papel del presidente del Gobierno, según él mismo recordó, es "asumir y respetar, como no puede ser de otra forma, las decisiones que la instancia judicial tome en relación con el proceso". Esto cobra aún más importancia en un momento como el actual en el que "se impone la discreción y la responsabilidad" y en el que "nadie debe, ni debemos, interferir en un proceso delicado".

En este sentido, expresó su "deseo" y su confianza en que "la solución que adopte la administración concursal sea la más beneficiosa para el interés general de Cantabria".

Ignacio Diego aseguró ser "ajeno" a la gestación y gestión del proyecto de GFB en Orejo, dado que no cuenta con más información que la que ha tenido acceso a través de la comisión parlamentaria, dado que previamente a asumir la Presidencia del Gobierno de Cantabria "la información que el Gobierno anterior facilitó ha sido ninguna o la que afloró a través de los medios de comunicación".

Por otro lado, Ignacio Diego manifestó su "reprobación" respecto del abandono de la Comisión de Investigación de los miembros del los grupos parlamentarios Regionalista y Socialista, una actitud que ha calificado de "irresponsabilidad y carente de principios democráticos".

En su opinión, es una "irresponsabilidad" porque es "una obligación ineludible" de los diputados el asistir a cualquier sesión del Parlamento, ya sea en Pleno o en Comisión, cuya ausencia sólo está justificada en casos de "fuerza mayor". En este caso, calificó el abandono de "reiterado, voluntario y sin justificación alguna".

Por ello, instó al Parlamento del Cantabria a que se "analicen las responsabilidades" por esta "actitud injustificada e injustificable" y de "ausencia absoluta de respeto". Diego pidió a la Mesa de la Cámara regional que se analice esta actitud "objetivamente censurable" desde el punto de vista reglamentario para comprobar si vulnera algún precepto legal.

(Información y fotografías www.cantabria.es)