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El PP lamenta el rechazo del bipartito PRC-PSOE a su iniciativa para legalizar el puerto de La Pozona de Cuchía

El diputado regional Roberto Media dice que “no ha habido a lo largo de los años ningún interés en solucionar los problemas de los vecinos afectados por la orden demolición de esas instalaciones”

Critica las “artimañas regionalistas” para retrasar el debate de la Proposición no de Ley del Grupo Popular

El diputado regional del PP Roberto Media ha lamentado que los grupos que sustentan al Ejecutivo (PRC-PSOE) hayan rechazado hoy la iniciativa del Grupo Popular que pretendía obligar al Gobierno de Cantabria a cumplir con los acuerdos del Parlamento adoptados hace casi ya dos años.

La Proposición no de Ley que el PP ha defendido hoy una en la Comisión de Obras Públicas del Parlamento de Cantabria instaba al Gobierno regional a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica la adscripción a la comunidad autónoma de más de 9.000 metros cuadrados de terrenos e instalaciones en la zona de La Pozona de Cuchía (Miengo).

El diputado regional Roberto Media ha considerado una “vergüenza” que esta iniciativa, registrada en la Cámara en el mes de agosto, haya tardado tres meses en debatirse por las “artimañas regionalistas”, cuando afecta a 60 familias de la región que atracan sus pequeñas embarcaciones en la instalación portuaria de La Pozona, sobre la que existe una orden de desalojo y demolición.

Media ha recordado que en el año 2003 el entonces consejero de Obras Públicas, el regionalista José María Mazón, animó a los vecinos que tienen los atraques en esta área, unidos en la Asociación La Pozona, a legalizar la misma mediante la solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de una concesión para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Una tramitación que no se resolvió hasta que el 22 de octubre de 2018, el Ministerio para la Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez emitió resolución denegando la concesión solicitada y ordenando además la demolición y retirada de todas las instalaciones existentes a costa de la Asociación La Pozona.

Es decir, “el hoy diputado Mazón les animó a legalizar las instalaciones en el año 2003, y en octubre de 2018, siendo él consejero once años durante ese periodo, nos encontramos con la obligación de retirar y demoler todo lo construido a costa de los propios usuarios del puerto”, ha resumido Media, lamentando que Mazón y el PRC abandonasen en este proceso a su suerte a los usuarios de esta instalación, que la venían utilizando sin problema durante cientos de años.

El diputado del PP ha recordado también que el Gobierno de Cantabria de regionalistas y socialistas no ha cumplido con los acuerdos alcanzados en el Parlamento, que ya en febrero de 2019 aprobó con los votos de PP, PRC, PSOE y Ciudadanos una iniciativa del Grupo Popular en la que, entre otras cuestiones, se instaba al Ministerio a suspender la tramitación de todos los expedientes por ocupación del dominio público marítimo-terrestre en La Pozona, y a incluir de forma urgente el proyecto para su legalización en la planificación portuaria de la Consejería de Obras Públicas. “¿Algún diputado regionalista ha exigido al Gobierno del Sr. Revilla el cumplimiento de aquel acuerdo, o ese acuerdo sólo era necesario para llegar a las elecciones de mayo de 2019 manteniendo a los afectados engañados?”, ha preguntado Media.

Según Media, el PRC ha frenado el debate de la iniciativa registrada el 4 de agosto para que la Consejería de Obras Públicas, mediante un contrato menor, adjudicase el 5 de octubre, la redacción del Proyecto básico de adecuación de las instalaciones portuarias de La Pozona, y “hoy poder dar alguna explicación convincente para esos vecinos”. “Si con poco más de seis mil euros se ponía solución al problema, ¿por qué ha tardado casi dos años el Gobierno en ponerlo en marcha, incumpliendo las resoluciones de este Parlamento que ellos mismos votaron?”, ha preguntado.

A juicio del diputado popular, “si el PP no hubiera dado voz a esos vecinos con la presentación de esta iniciativa en el mes de agosto, hoy seguiríamos esperando sin haber movido un solo papel”.

“Si hubieran contratado ese proyecto cuando el Parlamento lo aprobó en febrero de 2019, hoy no estaríamos en este punto y les hubiéramos ahorrado muchas horas de insomnio y bastante dinero a estas familias”, ha afirmado Media, recordando que el plazo de redacción de ese proyecto era de un mes y que el Gobierno ya debería disponer del mismo.

 

Se adjuntan audios y fotografía

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