El grupo municipal Popular en el Ayuntamiento de Val de San Vicente considera "intolerable" la subida de tributos municipales que el pleno municipal aprobó el pasado viernes, día 30 de marzo, gracias a los votos del PSOE, "sin haber adoptado medidas serias para ajustar el gasto corriente y de personal".
La portavoz del PP de Val de San Vicente, Helena Ceballos, ha explicado que en el último pleno municipal se debatió el Plan de Ajuste con que acogerse al sistema excepcional de financiación estatal para el pago de facturas a proveedores y que el equipo de gobierno municipal quiere atajar, fundamentalmente, con la subida en los tributos municipales.
Tras evidenciar que el Ayuntamiento de Val de San Vicente también cerró el ejercicio 2011 en números rojos, "déficit que se arrastra desde hace años", Helena Ceballos censuró que "para poder financiar el pago atrasado de 244.460,61 euros a los contratistas, se necesite subir un 5% durante cuatro años el Impuesto de Vehículos, el IPC como mínimo para agua, basura, alcantarillado y resto de tasas y, además, haya que prolongar la subida del IBI durante 10 años, cuando sólo está prevista hasta 2013". "Esperemos que esto último no anticipe una revisión de valores catastrales con la que pretendan descolgarse los socialistas, tras décadas sin ocuparse de ese tema", agregó Ceballos.
En opinión de Helena Ceballos es "injustificable" que el acalde de Val de San Vicente, el socialista Roberto Escobedo, pretenda hacer recaer en los bolsillos de sus vecinos todo el peso de la mala gestión que ha sufrido el municipio en los últimos años "sin antes fijar la prioridad de gastos y adoptar medidas de ajuste respecto políticas como la de promoción del ocio y tiempo libre, por citar unos de los muchos ejemplos".
La portavoz indicó que el grupo municipal Popular "presentó hace meses toda una batería de medidas para contrarrestar la situación, siendo imperdonable que fueran rechazadas por un equipo de gobierno que se negó a reconocer lo que es evidente: la quiebra en que ha dejado sumido al Ayuntamiento".
Al respecto, Ceballos recordó que entre las medidas concretas presentadas por el Partido Popular, además de eliminar duplicidad de gastos externos como el asesoramiento jurídico o suprimir uno de los contratos técnicos del servicio de arquitectura, estaba la de reconsiderar la figura y sueldo del personal de confianza del alcalde, reducir el número de animadores socioculturales o el coste del personal de albergue y la de reforzar la eficacia en las contrataciones y en el sistema recaudatorio.
Sin embargo, a juicio de la portavoz del PP, la propuesta más importante de todas las que realizaron era la de repercutir los importes derivados de sentencias judiciales a los auténticos responsables de tales desaguisados. En este sentido, Ceballos indicó que "las indemnizaciones por los casos Gestera y Cámara Agraria (340.600 euros, de momento) no deben asumirlas directamente los vecinos, sino que es obligado esclarecer las responsabilidades en que hayan podido incurrir autoridades y técnicos, y exigirlas, personalmente o a sus aseguradoras, si procede". "Y esto no es demagogia sino un deber legal", sentenció.
Ceballos, indicó que desde el grupo municipal Popular llevan tiempo advirtiendo del "descalabro económico" del Ayuntamiento, "algo sistemáticamente negado por el equipo de gobierno que sólo supo vender, antes, durante y después de las elecciones, las multimillonarias inversiones realizadas por el anterior Gobierno de Cantabria". "La realidad es muy distinta y ha sido necesario un cambio en el gobierno regional y nacional para sacar a la luz las facturas y deudas pendientes", afirmó la portavoz del PP quien, finalmente lamentó que "el otro préstamo de 250.000 euros recién concertado con el Banco de Santander, y con el que acaba de endeudarse aún más al municipio, tampoco sea suficiente para tapar el agujero sin fondo que años de despilfarro socialista han provocado en las arcas municipales".