La senadora por Cantabria del Partido Popular, Leticia Díaz, afirmó que el PP pretende "salvaguardar el tejido productivo y cientos de miles de puestos de trabajo, sin rebajar la protección de nuestras costas". Además, aseguró que la actual ley "condena a muerte a miles de proyectos e inversiones" y dijo que su aplicación "ha sido un fracaso y sólo se está ejecutando con los más débiles".
El Grupo Parlamentario Popular del Senado ha sacado adelante, en el pleno celebrado hoy en la Cámara, la toma en consideración de una Proposición de Ley para modificar la Ley de Costas de 1988 y que pretende "salvaguardar el tejido productivo y cientos de miles de puestos de trabajo, sin rebajar la protección de nuestras costas".
La senadora del Partido Popular por Cantabria, Leticia Díaz, que defendió la iniciativa en nombre de su Grupo, afirmó que la Ley de Costas "condenó a muerte a miles de proyectos e inversiones, fijando su fecha de caducidad para el 29 de julio del año 2018".
En su opinión, aunque dicha Ley nació para proteger nuestros más de 7.800 kilómetros de costa, "se olvidó de valorar la realidad física, económica, patrimonial y social de las propiedades afectadas, así como de las concesiones en vigor". Además, la aplicación de la Ley durante todos estos años ha demostrado que su puesta en práctica ha sido totalmente arbitraria, "cometiendo abusos con los más débiles".
Por ello, la senadora popular explicó que su partido propone una reforma que sólo afecta a las disposiciones transitorias de la Ley y que permite la valoración de todos los criterios de sostenibilidad. "Nuestra propuesta introduce más garantías jurídicas a los afectados, e incluye un instrumento de planificación específico que estudie cada caso y que tenga en cuenta criterios técnicos de sostenibilidad en cada una de las concesiones", resaltó.
"Exigimos la continuidad de las concesiones existentes hasta la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, hasta que no se elabore un instrumento de planificación específico que determine qué usos son o no compatibles con la protección del litoral, y en el que tendrán que estar implicados la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios afectados", apuntó.
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