Partido Popular en Cantabria

Eduardo Van den Eynde recuerda que el contrato además de contemplar las obras de finalización del Hospital, incluye la gestión de doce servicios no clínicos que actualmente están externalizados en más de 40 contratos individuales por los que se están pagando 28 millones de euros al año.

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento lamenta la decisión del equipo de gobierno regionalista de abandonar la Federación de Municipios de Cantabria.

El grupo parlamentario Popular ha registrado esta mañana doce enmiendas parciales al articulado del Proyecto de Ley por el que se regula el aprovechamiento eólico en la comunidad autónoma que se encuentra en tramitación en la Cámara regional.

Eduardo Van den Eynde recuerda que el contrato además de contemplar las obras de finalización del Hospital, incluye la gestión de doce servicios no clínicos que actualmente están externalizados en más de 40 contratos individuales por los que se están pagando 28 millones de euros al año.

Iñigo Fernández, diputado regional del Partido Popular

"El Gobierno de Revilla fue responsable de la gestión de Pernía, de no cobrar la deuda de CANTUR, de regalar el club a AlÍ Syed y de crear una maraña jurídica para hacer imposible cualquier acción posterior. ¿Negligencia o delito? Que sean los jueces quienes lo determinen".

Miguel Ángel Lavín censura que el PSC-PSOE continúe con su "campaña irresponsable de descrédito a la ganadería cántabra".

El Grupo Popular presenta una iniciativa parlamentaria en la que se pide perdón y garantizar el patrimonio de las familias afectadas por las sentencias de derribo como consecuencia de las actuaciones de las administraciones.

El diputado regional Iñigo Fernández lamenta que los responsables de GFB nunca hayan dado explicaciones sobre "uno de los mayores escándalos de Cantabria".

Eduardo Van den Eynde cree que el llamamiento del PSOE revela una estrategia basada en la manipulación ideológica.

El Grupo Popular presenta una iniciativa parlamentaria en la que se pide perdón y garantizar el patrimonio de las familias afectadas por las sentencias de derribo como consecuencia de las actuaciones de las administraciones.