Durante su intervención en la Unión Intermunicipal del Partido Popular de Extremadura, hizo hincapié en que, desde el inicio de la tramitación de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, en julio de 2012, este proceso se ha caracterizado por el diálogo permanente, en la búsqueda de la mejora del documento inicial, que se ha conseguido antes del inicio de su trámite administrativo, algo que no tiene precedentes.
"Estamos en un momento histórico para el municipalismo, dada la profundidad de la reforma que se está planteando", aseguró De la Serna.
En este sentido, recordó que los ayuntamientos parten de una situación bien conocida: una participación en el conjunto del gasto público del 13 por ciento, que prácticamente no se ha movido desde el inicio de la democracia; unos servicios asociados a competencias impropias que absorben el 25 por ciento de sus presupuestos, que representan 10.000 millones de euros en el conjunto del país; y de una falta de peso político, asociada a estos problemas estructurales, que hace que hoy en día no formen parte de los más importantes órganos de decisión.
De la Serna señaló que esta situación se ha agravado como consecuencia de la crisis, debido al descenso de los ingresos, que han originado problemas de liquidez, aliviada en gran medida por los distintos instrumentos que ha puesto en marcha el Gobierno del PP, como el pago a proveedores.
"Aún así, las entidades locales cumplimos los objetivos de estabilidad presupuestaria y todo parece indicar que, al cierre del ejercicio 2012, no sólo hemos conseguido cumplir con el 0,3 por ciento del PIB sino que la situación apunta, incluso a que alcanzamos el superávit en términos económicos", relató el presidente de la FEMP.
De la Serna añadió que, en este escenario, se está trabajando en la negociación de una reforma de ley cuyo aspecto fundamental y más importante, que mayor trascendencia va a suponer, en términos de eficiencia y ahorro energético, es la delimitación de competencias, para evitar duplicidades.
En la misma línea, precisó que, desde julio de 2012, se ha abordado la supresión de servicios que hoy se prestan en materia de educación o sanidad, pero que no son competencia de los ayuntamientos, como es el caso del mantenimiento de los colegios públicos.
"Especialmente, en las últimas semanas hemos centrado la atención en los servicios sociales, dado que suponen las 2/3 partes del gasto impropio de las administraciones locales", apuntó.
De la Serna insistió en que, desde la FEMP, se aboga por el mantenimiento de servicios de información, asesoramiento y atención en la Unidades de Trabajo Social (UTS) y en situaciones de emergencia, así como por derivar otros cuya competencia reside en las comunidades autónomas, como los servicios de teleasistencia o de ayuda a domicilio.
El presidente de la FEMP destacó el avance experimentado en aspectos como la delegación de competencias, es decir, la prestación de servicios encomendados por las comunidades autónomas.
"Si en el mes de julio las condiciones de dichas encomiendas centraban la atención sobre la financiación, al incluir que ésta debiera esta aportada por las comunidades autónomas, estos últimos meses se está trabajando las condiciones incorporando una garantía, estableciendo un tiempo suficientemente amplio para poder disponer de los recursos precisos que nos permitan prestar esos servicios", subrayó.
De la Serna añadió que, incluida la necesidad de aceptación, no de imposición, por parte de los municipios, éstos continúan trabajando para garantizar la financiación, es decir, a través de la participación en los ingresos del Estado, la Administración central puede asegurar no vayan a existir deudas de las comunidades autónomas hacia los ayuntamientos por estos conceptos.
En cuanto a la eficiencia, De la Serna hizo mención a la modificación sustancial que se ha producido respecto al planteamiento inicial contenido en la Ley, donde los municipios menores de 20.000 habitantes perdían todas sus competencias.
"En estos momentos, la propuesta se ciñe al análisis de los servicios, siempre manteniendo las competencias en los ayuntamientos, priorizando aquellos que generen economías de escala, como puede ser el abastecimiento de agua o la gestión de los residuos", concretó.
Asimismo, en estándares de calidad, se está avanzando en que sean sólo medidos en términos económicos y que no se establezcan sin escuchar primero a la FEMP.
De la Serna añadió que la recuperación del servicio una vez que el municipio está en condiciones de poder prestarlo, la participación de las entidades locales en la gestión de los servicios o el periodo de transición para que los municipios puedan adecuarse a Ley, son otros de los aspectos que están abordando con el Gobierno de España para estrechar el alcance de la reforma.
Durante su intervención, el presidente de la FEMP confirmó que tanto las mancomunidades como las entidades locales menores que cumplan con sus obligaciones económicas y financieras, no tendrán ningún problema a diferencia del planteamiento inicial en el que, en algunos casos, quedaban disueltas.
Por otro lado, comentó, que se sigue trabajando en reformar la institucionalización de la FEMP con el objetivo de incrementar su participación en las decisiones políticas de aquellos asuntos que le atañen.
Respecto al número de concejales, las retribuciones salariales de los alcaldes, la dedicación exclusiva o secundaria, De la Serna informó de que se sigue tratando de cerrar una propuesta de marco homogéneo, sensato y transparente en la gestión de los recursos públicos.
En este punto, el presidente de la FEMP reivindicó el gran papel que desempeñan los alcaldes y concejales que, con gran esfuerzo personal y político, desarrollan su función pública, en muchos casos, sin ningún tipo de retribución.
"Queda por delante una intensa semana de reuniones y negociaciones, tanto con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como con los grupos políticos que conforman la FEMP, que ya han sido convocados el próximo martes, 29 de enero, en Madrid, antes de la Junta de Gobierno de la FEMP", adelantó.
De la Serna precisó que el viernes, fecha prevista para la aprobación de la reforma de la Administración Local, si finalmente va al Consejo de Ministros, la reforma de la Ley no acabará, ya que aún tiene por delante importantes trámites como la Comisión Nacional de la Administración Local o el trámite parlamentario.
El presidente de la FEMP reiteró su voluntad de alcanzar acuerdos políticos, al menos parciales, en aspectos puntuales de la reforma, para lo que tendió la mano a todas las formaciones políticas, a las que pidió que se alejasen de las posturas partidistas.
De la Serna abogó por dejar de generar etiquetas políticas, no sustentadas en la Ley, como las relativas a la supuesta privatización de los servicios que, según dijo, no benefician al proceso de reforma, ya que la misma no aporta nada a la posible gestión directa o indirecta, una cuestión que está en manos de las entidades locales.
"Tanto la reforma y su aprobación como su posterior puesta en marcha es proceso complejo y difícil, que requiere la máxima unidad y un fuerte compromiso de todas las fuerzas políticas para contribuir a la mejora de la competitividad de España, a la salida de la crisis económica y a la generación de empleo, donde las entidades locales estaremos a la altura", concluyó.
Fotografía en Alta Resolución de Íñigo de la Serna en la Unión Intermunicipal del PP de Extremadura 1
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