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El PP ofrece consenso si el Gobierno retira la Ley de Memoria Histórica de Cantabria

Ha registrado una enmienda a la totalidad porque el proyecto del Gobierno de Cantabria es “sectarismo en estado puro, es Zuloaga en estado puro”

Iñigo Fernández dice que el PP apoyaría una Ley de Víctimas pero no este proyecto que solo pretende “ajustar cuentas y reabrir heridas”

 

El Partido Popular ha registrado una enmienda a la totalidad de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria y ha ofrecido consenso al Gobierno para acordar una ley que sirva para cerrar heridas y hacer justicia a todas las víctimas y no un ajuste de cuentas de un bando contra otro.

El portavoz parlamentario del PP, Iñigo Fernández, ha dado a conocer la enmienda en una rueda de prensa una vez que se ha completado la primera fase de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley. “Han concluido las comparecencias de los expertos y estamos más preocupados todavía”, ha dicho, advirtiendo de que el texto del Gobierno de Cantabria no repara a quienes fueron represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura, sino que “es Pablo Zuloaga en estado puro: división, crispación, radicalidad, enfrentamiento y sectarismo en estado puro”.

Por ello, desde el PP han ofrecido diálogo, consenso y su trabajo para preparar una proposición de ley entre todos los grupos parlamentarios con el fin de reparar la situación de las víctimas, pero “para eso es imprescindible que el Gobierno retire este proyecto de ley del Parlamento porque no pretende reparar a las víctimas, solo pretende ajustar cuentas, dividir, enfrentar y reabrir heridas”, ha subrayado Fernández.

El portavoz popular, que ha reprochado al vicepresidente regional y al PSOE de Cantabria que en el actual contexto de pandemia su prioridad sea la memoria histórica, ha señalado que el corazón de una ley de este tipo debieran ser las víctimas, recordando que en Cantabria, al margen de quienes perdieron la vida en el frente de batalla, la guerra y la postguerra dejaron aproximadamente 3.500 víctimas mortales, represaliados de uno y otro bando (1.300 en el primer periodo de la guerra, cuando Cantabria quedó en manos de los republicanos, y 2.200 en la etapa posterior).

Y ha considerado que todas esas víctimas, las 3.500, y sus familiares, “merecen reparación y una ley que les haga justicia, y no una ley que mire exclusivamente a una parte y dé la espalda a las víctimas de la otra parte”. Una reparación que, según ha indicado, tiene que consistir en que por parte de la Administración y con la ayuda de los expertos se proceda a identificar a todos y cada uno de esos represaliados, localizar los lugares en que perdieron la vida y recuperar sus restos si fuera posible.

Así, ha asegurado que el PP apoyaría una Ley de Víctimas para hacer justicia a los represaliados, pero no la ley que el Gobierno de Cantabria ha presentado porque establece víctimas de primera y de segunda.

Además, Fernández ha alertado que el texto presentado “es una bomba de relojería” que crea o pretende crear mitos históricos y, en este sentido, ha calificado de “absolutamente deplorable” la redacción de la exposición de motivos, que ha copiado numerosos párrafos de la ley andaluza y que ni siquiera recoge el episodio más sangriento de la guerra en Cantabria: los hechos del 27 de diciembre de 1937 cuando a punta de pistola se les quitó la vida a 156 personas de buque prisión Alfonso Pérez.

Del mismo modo, ha criticado que la ley plantee la creación de una red de asociaciones de memoria histórica con dinero público, pero no de víctimas en general, sino de asociaciones de quienes exaltan a quienes defendieron la legalidad republicana, comprometiendo subvenciones públicas, “a lo mejor para crear chiringuitos y colocar amigos”.

También ha advertido del peligro de adoctrinamiento escolar que supone que se pretendan articular unas enseñanzas específicas, con planes formativos para profesores y con estudios de grado en la Universidad de Cantabria, dictados desde la Consejería de Igualdad, Cultura y Deporte, según se contempla en el proyecto de ley.

E, igualmente, y lo más grave según ha considerado, que se contemple la creación de una Comisión de la Verdad, un comité de expertos designados por el consejero Zuloaga para imponer una ortodoxia oficial de lo que sucedió y quien no se atenga a ella será sancionado económicamente y multado. “Es para echarse a temblar que Zuloaga se atreva a decir mediante esta ley cuál es la verdad que tiene que estudiarse en los centros educativos y a erigirse en juez estableciendo sanciones administrativas y multas para quien no se atenga a la verdad que diga Pablo Zuloaga. Es así de duro, es así de peligroso, es así de estalinista, esto es lo que pretende hacer Pablo Zuloaga dentro de un estado de derecho como todavía es España”, ha sentenciado Fernández.

“Es evidente que la carrera sin freno del PSOE en España por radicalizarse hacia la izquierda también tiene sus consecuencias en Cantabria”, concluyó.

 

Se adjuntan audios, fotografía y enmienda a la totalidad de la Ley de Memoria Histórica del Grupo Popular

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