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Buruaga pide la retirada de una Ley de Memoria Histórica de propaganda ideológica

La presidenta tiende la mano al Gobierno para alcanzar el máximo consenso en torno a un proyecto en el que quepan todos

Denuncia que la Ley que tramita el Parlamento no tiene en cuenta a todas las víctimas, perpetua los bandos y divide a la sociedad

 

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno que retire el proyecto de Ley de Memoria para consensuar uno nuevo, porque el que ha remitido al Parlamento es un instrumento de propaganda ideológica que falta a la verdad y deshonra la memoria y que pretende imponer un relato oficial y adoctrinar en las escuelas.

“Nosotros no vamos a participar en esta conversión de la historia en un comic ideológico”, ha afirmado la presidenta en una rueda de prensa en la que ha anunciado que el Partido Popular va a presentar una enmienda a la totalidad del proyecto, pero también ha tendido la mano al Gobierno para alcanzar un consenso en torno a un proyecto en el que quepan todos.

Buruaga ha hecho hincapié en que el Partido Popular no está en contra de una norma que ayude a localizar, identificar y reparar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, pero sí de esta Ley de Memoria Histórica y Democrática que nada tiene que ver ni con la historia ni con la democracia.

Según la dirigente popular, lo que el Gobierno de Revilla y el PSOE pretenden que el Parlamento avale es una ley de propaganda ideológica que falta a la verdad y deshonra de la memoria; que no tiene en cuenta a todas y cada una de las víctimas porque olvida a una parte de ellas; que divide a la sociedad porque no busca la reparación, sino alimentar el odio y mantener abierta la herida, y que pretende deformar la historia de lo que ocurrió en España y en Cantabria durante la Guerra Civil y la posguerra para imponer un relato oficial a la sociedad y adoctrinar en las escuelas.

“Nosotros defendemos la convivencia y el rigor histórico, no los lavados de cerebro ideológicos”, ha dicho la presidenta, quien ha subrayado que esta ley debería servir para dar a las familias los instrumentos necesarios para localizar y recuperar los restos de sus seres queridos y ser un punto de encuentro y unidad, porque esa es la gran obra de la transición democrática y la Constitución de 1978.

A su juicio, ese tiene que ser el principal objetivo de la ley, no la revancha y reabrir heridas; no reescribir la historia; no plantar la semilla del adoctrinamiento ideológico con fines electoralistas y no regar con dinero público a los ideológicamente afines.

Según Buruaga, nada más leer el título preliminar uno se percata de que este proyecto de ley es un disparate total en manos de unos sectarios, puesto que el objeto de la ley hace mención a la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de lucha del pueblo cántabro por sus derechos y libertades, una copia literal de la ley andaluza con un lenguaje rancio, casposo y estalinista.

El desacuerdo del Partido Popular con esta ley es radical por tres motivos.

Primero, porque el ámbito temporal pretende abarcar desde la Segunda República hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía para Cantabria, negando con ello la legitimidad de los gobiernos democráticos y los mecanismos constitucionales del Estado de Derecho.

Según la presidenta, ninguna Ley de este tipo tiene un ámbito temporal tan amplio y todas cubren el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1.936 y, como máximo, la promulgación de la Constitución del 78, que es lo que el Partido Popular va a defender durante la tramitación parlamentaria, oponiéndose al despropósito que supone mezclar la democracia con una dictadura o una guerra civil.

El segundo motivo es que esta ley pretende que se olvide una parte de la historia dejando fuera a parte de las víctimas y desdeñando a miles de cántabros que también fueron represaliados, puesto que considera víctimas a los defendieron la legalidad democrática frente al golpe militar y la dictadura franquista

La presidenta ha subrayado que la verdad histórica, que es la verdad de los historiadores, acredita que 1.309 santanderinos fueron víctimas mortales de la represión republicana en Cantabria entre 1.936 y 1.937 y que más de 4.500 personas fueron encarceladas.

“Si buscamos la reconciliación y que el pasado no se repita, esta ley tiene que recoger y amparar también la dignidad de esas víctimas, de todas y cada una de las víctimas de ese periodo histórico, sin distinción de bandos”, ha dicho la presidenta, quien ha subrayado que de lo que se está hablando es de la historia de España y hay que reconocer lo uno y lo otro.

El tercer motivo por el que el PP se opone radicalmente a esta ley es que propone establecer una inquisición ideológica para impedir la libertad de expresión y de enseñanza.

La presidenta ha denunciado que la norma que tramita el Parlamento deja en las manos discrecionales del Gobierno determinar qué  interpretaciones de la historia de España se pueden entender como exaltación del franquismo y, por lo tanto, ser sancionadas y prohibidas, y revisar centímetro a centímetro el territorio de la región a la caza de simbología franquista para obligar a retirarla también de propiedades privadas.

Además, obliga a incluir en el currículo de Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Adultos la memoria histórica y democrática para contar el relato socialista sobre la república, la guerra civil, el franquismo y la transición democrática.

Buruaga ha advertido de que el PP se va a oponer radicalmente al adoctrinamiento en las aulas, porque hay que enseñar historia y valores democráticos y no versiones sesgadas del pasado ni solo los valores que interesan a la propaganda política de la izquierda. “La escuela es de todos y no de Revilla o Zuluaga”, ha apostillado.

Además, ha criticado la creación de una Comisión de la Verdad, una especie de tribunal de justicia con ánimo revisionista al que se le otorgan facultades para conocer la verdad y decir qué es lo que pasó.

“Las personas que con semejante inquina y sectarismo han liderado este proyecto de ley son precisamente las que van a nombrar la Comisión de la Verdad para decir a todos los demás qué es verdad y que no es verdad”, ha advertido la presidenta, quien ha lamentado que vaya a ser el secretario general del PSOE en Cantabria quien va a hacer la censura ideológica de la historia y quien va a imponer su verdad.

La dirigente popular ha subrayado que el PP no va a participar en esta conversión de la historia de España y de Cantabria en un comic ideológico y ha censurado la manipulación del PSOE y el seguidismo del PSOE. “Es una vergüenza que Revilla respalde y participe de este disparate de mentes que no están por la convivencia y que solo traerá más polarización social”, ha apostillado.

Y ha tendido la mano al Gobierno para alcanzar el máximo consenso en torno a un proyecto de ley de memoria histórica en el que quepamos todos, una ley que diga sí a la localización, exhumación e identificación de víctimas; sí a la investigación científica y la divulgación y publicación del conocimiento;  que dignifique a todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura y una ley que no suponga un paso atrás en la reconciliación y que preserve el espíritu de la transición.

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