Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Cantabria ha iniciado en Santander una recogida de firmas para frenar la okupación ilegal, defender la propiedad privada y proteger la convivencia vecinal.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha abierto en la Plaza Porticada esta campaña para respaldar una proposición de ley en contra de la okupación que el Partido Popular ha presentado en el Congreso de los Diputados y que irá acompañada de mociones en todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma.

La dirigente popular ha afirmado que la okupación existe y es un grave problema que está ahí por mucho que el Gobierno de la Nación se empeñe en negarlo, se niegue a resolverlo e, incluso, se atreva a promoverlo poniéndose del lado de los asaltantes que es exactamente lo que hace Podemos.

Según ha recordado Buruaga, cada día más de 40 viviendas son ocupadas en España. En lo que va de año, se han registrado 3.700 okupaciones, el triple que en 2005, mientras que en Cantabria, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cifran en 40 las registradas el año pasado y en 24 las de este año.

“Los ciudadanos estamos hartos de tener miedo a que okupen nuestra vivienda”, ha dicho Buruaga, quien se ha referido a la creciente alarma social ante la actuación impune de las mafias y al hecho de que los vecinos de municipios como Meruelo o Castro Urdiales se hayan tenido que organizar para defenderse mientras el Gobierno mira para otro lado.

La presidenta ha hecho hincapié en que la okupación es un problema que afecta a las clases medias y trabajadoras, que reclaman una respuesta firme e integral y quieren que los políticos, la policía, los jueces y fiscales les garanticen su derecho a la propiedad privada, su derecho a vivir en paz e invertir sus ahorros en una vivienda.

Y ha defendido que esta no es una cuestión de derechas ni de izquierdas, sino de justicia.

Buruaga ha confiado en que la sociedad de Cantabria respalde la proposición de ley del PP, dirigida  a reforzar las medidas existentes en el ámbito penal, administrativo y civil.

Así, plantea que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan desalojar el inmueble en 12 horas; que el delito de usurpación de un bien inmueble lleve aparejado penas de 1 a 3 años de prisión y la incitación a la okupación penas de 3 meses a 1 año; que los okupas no se puedan empadronar y que tanto las comunidades de propietarios como las personas jurídicas puedan adoptar medidas legales y actuar ante los tribunales.

La presidenta ha subrayado que estas medidas se dirigen a frenar la okupación ilegal, el delito de usurpación de viviendas, no los desahucios hipotecarios ni de inquilinos protegidos por situaciones de vulnerabilidad social.

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