El Partido Popular de Laredo ha registrado una moción en el Ayuntamiento contra el acuerdo impulsado por el Gobierno y aprobado el pasado 3 de agosto por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), solo con el apoyo del PSOE, sobre la cesión de los remanentes de tesorería y el uso del superávit de los ayuntamientos por el Gobierno de España.
El portavoz municipal del PP, Alejandro Liz, ha explicado que esta iniciativa busca defender los intereses de los vecinos denunciando la “apropiación” de los ahorros municipales por parte del Gobierno de España, y que la alcaldesa y los concejales socialistas “reaccionen” contra este atropello a la autonomía municipal. "No se puede confiscar el dinero ahorrado por los ayuntamientos para financiar los proyectos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esperamos que la alcaldesa lo rechace y, caso contrario, sus socios de gobierno (PRC-SSPL) se lo impidan", ha dicho.
Liz ha recordado que Laredo cuenta con un remanente de Tesorería generado durante los últimos años de 11 millones de euros y que entregar estos “ahorros de los vecinos” pondría en riesgo la capacidad financiera del Ayuntamiento y sus posibilidades de implementar aquellos servicios y medidas que permitan actuar primero, contra la pandemia provocada por el virus COVID-19 y después, contra la crisis sanitaria, social y económica derivada de la misma.
De hecho, según ha subrayado, “el extraordinario esfuerzo realizado por los gobiernos locales no se ha visto correspondido por el Gobierno de España que, durante la fase más dura de la pandemia, no destinó un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus y las negativas consecuencias del mismo”.
La moción registrada por el PP propone que el Ayuntamiento de Laredo exprese su “profundo rechazo” al procedimiento negociador que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una “apariencia” de apoyo unánime de las entidades locales al decreto ley de medidas financieras de carácter extraordinario y urgente aplicables a las entidades locales, aprobado el 4 de agosto.
Además, el texto de la moción recoge el apoyo al recurso de inconstitucionalidad que el Grupo Popular en el Congreso presentará contra dicho decreto ley, que “esconde un chantaje inaceptable que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales”: a cambio de que las entidades locales cedan todos los ahorros municipales, el gobierno les ofrece un fondo -que supone solamente una pequeña parte de esos ahorros- y que deberán emplear únicamente en las actuaciones definidas por el gobierno en el propio decreto.
También se solicita la reprobación del presidente de la FEMP, Abel Caballero, por "no defender los intereses de las entidades locales como está obligado a hacer por razón de su cargo" y permitir que se rompa un "consenso histórico" en este organismo.
Y se recoge el compromiso del Ayuntamiento con la Ley de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera como herramienta que ha permitido a muchos ayuntamientos generar los ahorros que ahora reclama el gobierno de la Nación.
Finalmente, la moción pide instar al Gobierno de España a "respetar y garantizar la autonomía que la Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos" y a que el Ministerio de Hacienda cumpla con la totalidad del acuerdo consensuado por todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Socialista, en el seno de la FEMP.