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El Grupo Popular en el Senado pide al Gobierno una Ley de venta directa del productor al consumidor

Los senadores por Cantabria del PP, Javier Puente y Amaya Landín, reclaman que se fomente la empresa familiar artesanal en el medio rural

Solicitan impulsar los denominados “Contratos Verdes”, ya que la Administración Pública es el principal consumidor de alimentos del Estado

Los senadores del Grupo Popular por Cantabria, Amaya Landín y Javier Puente, han reclamado al Gobierno, en una moción presentada en el registro de la Cámara Alta, que impulse una Ley de venta directa del productor al consumidor, tal y como ya existe en distintos países de la U.E., así como en diez CC.AA.

Según han explicado Landín y Puente, “la creación de un marco normativo básico con el que posibilitar la venta directa o venta de proximidad de los productos agroalimentarios contribuiría, significativamente, tanto en los efectos económicos positivos para ambas partes -productor primario y consumidor final-, como en el consiguiente conocimiento y sensibilización del consumidor ante los productos alimentarios locales.

Además, la iniciativa presentada por los senadores populares pretende fomentar “la empresa familiar artesanal en el medio rural como una entidad mercantil con personalidad jurídica propia, que desarrolla un conjunto de actividades primarias, secundarias y terciarias”. Para ello, piden que se aplique una legislación flexible, adaptada a sus procesos de producción y elaboración, y garantizando la calidad de los servicios, la seguridad alimentaria y el bienestar animal.

Otro de los puntos de la moción, insta al Gobierno a impulsar los denominados “Contratos Verdes”, ya que la Administración Pública es el principal consumidor de alimentos del Estado, el cual destina más de 3.500 MM de euros a compras alimentarias. Así, los senadores populares han resaltado que países como Francia contratan el 50% de los alimentos para comedores colectivos, hospitales, residencias, colegios, etc., a productores locales; y un 25% son alimentos ecológicos.

En este sentido, han subrayado la importancia de que, en las compras realizadas por la Administración Pública paralos hospitales, centros de mayores, comedores sociales, comedores escolares o bancos de alimentos, se prioricen los productos locales, los de las pequeñas granjas y los agroecológicos; y especialmente aquellos productos procedentes de los sectores que actualmente están resultado más perjudicados por el cierre de la hostelería.

Así mismo, Landín y Puente han reclamado al Ejecutivo que coordine con las Comunidades Autónomas campañas de comunicación y divulgación, para promocionar el consumo de productos locales y frescos, así como los mercados de proximidad.

El texto de la moción del GPP recoge también las siguientes demandas:

• Estudiar la modificación de la Ley de Contratación Pública, para que se tengan en cuenta criterios sociales, como la fijación de población en el medio rural y los beneficios en la economía local. Criterios medioambientales, como producción de residuos y emisiones de carbono por el transporte.
• Abordar la rebaja en la Política Fiscal en el sector agroalimentario en su conjunto, con bonificaciones y exenciones en impuestos como IRPF e IVA.
• Coordinar con las Comunidades Autónomas, a través del Ministerio de Sanidad, la planificación y autorización del sacrificio de animales en las explotaciones cumpliendo con las debidas garantías higiénico-sanitarias para su comercialización local en el marco de la nueva economía de proximidad y habilitar espacios gratuitos a disposición de las ganaderías para la congelación de canales. Con ello se favorece la promoción de la producción artesanal y se refuerza el apoyo a la comercialización local en el marco de la nueva economía de venta directa o de proximidad.

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