Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Cantabria que pague a las empresas y entidades de la red concertada del Sistema Público de Servicios Sociales que prestan servicios de atención 24 horas, el 100% del coste de las plazas residenciales con la ocupación que tenían a fecha 13 de marzo, es decir antes de la declaración del estado de alarma.

Además, el PP pide que esta medida se mantenga durante el tiempo que dure la suspensión de reconocimiento de la prestación a los beneficiarios en los centros de atención 24 horas.

Así lo ha recogido en una Proposición no de Ley que ha registrado en el Parlamento de Cantabria para su debate en sesión plenaria.

La diputada regional Isabel Urrutia ha recordado que esta es una de las propuestas formuladas por el PP para su inclusión en el Plan de Choque frente al Covid que no fue aceptada por el Gobierno de Cantabria y que es fundamental para garantizar la supervivencia y viabilidad económica de las entidades y centros, así como el mantenimiento del empleo.

La diputada ha explicado que la tasa de ocupación de los centros es en este momento un factor que agrava la situación y pone en riesgo su viabilidad, pues el sistema de reconocimiento de la prestación residencial a los cántabros que tuvieran reconocida la situación de dependencia se paralizó por el propio estado de alarma. Ello, unido a que las bajas que se han producido en las residencias 24 horas, tanto voluntarias como por razones de ingreso hospitalario o por fallecimiento, no se han visto cubiertas por la situación de excepcionalidad “ha dejado a estas empresas y entidades prestadoras de servicios de atención a la dependencia en una situación de riesgo”.

“Si no queremos que el sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia colapse hay que garantizar su viabilidad”, ha subrayado Urrutia, quien además considera necesario compensar los costes extraordinarios derivados de la pandemia que han tenido que hacer estas entidades y empresas, “con un esfuerzo titánico a nivel económico y personal para hacer frente a la situación derivada del COVID-19 en sus centros, con aprovisionamiento de equipos de protección individual (EPIs), compra de test y con refuerzo de plantilla a causa de las bajas por coronavirus y las medidas de aislamiento que también han afectado al personal”.

“Si las entidades y empresas del sector ya llegaron al momento de la pandemia con una situación económica insostenible por una legislatura, la pasada, en la que el ninguneo, la falta de diálogo y la imposición fueron las banderas del equipo socialista de Servicios Sociales, hoy este estado de alarma y esta situación excepcional lleva a requerir medidas excepcionales”, ha sentenciado Urrutia.

La diputada ha pedido al Gobierno de Cantabria que actúe, como ya han hecho hace más de un mes otras comunidades autónomas como Andalucía, y que entienda que la situación de excepcionalidad de estamos viviendo hace que estos servicios sean esenciales y necesarios.

INDEMNIZACIÓN A LOS CENTROS DE DÍA Y AL TRANSPORTE ADAPTADO

Finalmente, Isabel Urrutia se ha interesado por el cumplimiento de otra de las medidas en materia de dependencia propuesta por el PP al Plan de Choque frente al Coronavirus, y que sí fue aceptada por el Gobierno de Cantabria, como es el abono inmediato de la indemnización que recoge la normativa para los centros de atención diurna y el transporte adaptado, cuya actividad ha sido suspendida por el estado de alarma.

“Quince días después de aprobado el plan no sabemos nada del cumplimiento de la misma y exigimos al Gobierno que la ejecute de forma inmediata porque a día de hoy los centros, las empresas y las entidades de la red concertada no han recibido respuesta y el tiempo en este tipo de medidas juega en su contra”, ha dicho Urrutia, subrayando que “aquí la celeridad y la eficiencia de la Administración es imprescindible porque estos centros no pueden estar más tiempo sin acciones, sin recursos y sin respuestas”.

Se adjuntan audio, video y PNL del Grupo Popular