El Partido Popular ha registrado en el Parlamento de Cantabria una Proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno de Cantabria a solicitar ante el Gobierno de España un protocolo con el que favorecer la reapertura de los centros escolares, para los procesos de admisión y matriculación, así como la posterior vuelta segura a las aulas, para hacer posible la recuperación de la formación presencial en todos los niveles educativos con todas las garantías sanitarias.
Ese plan para la apertura de los centros educativos tras el cierre a causa de la alerta sanitaria derivada del virus Covid-19, debe contemplar necesariamente y en detalle medidas como el suministro adecuado por parte de los poderes públicos a los centros, en cantidad y calidad, de equipos de protección individual, así como la realización de pruebas diagnósticas, para alumnos, profesores y personal de administración y servicio; la fijación de aforos máximos en función del tamaño de las aulas o el establecimiento de distancias mínimas entre los alumnos.
La iniciativa parlamentaria, que también ha sido presentada en las Cortes Generales por el PP, adquiere especial sentido en Cantabria ante las instrucciones que la Consejería de Educación ha enviado recientemente a los centros para su vuelta a la actividad presencial ante el inicio del proceso ordinario de admisión.
En relación a esto, el portavoz de Educación del PP en el Parlamento de Cantabria, Álvaro Aguirre, ha tildado de “inaceptable” que el departamento que dirige la regionalista Marina Lombó descargue en las direcciones de los centros de Cantabria la responsabilidad de adquirir todos los medios de protección y ordenar la vuelta a la actividad presencial. “Se trata, en definitiva, de volcar de forma inexplicable en los equipos directivos toda competencia en la prevención de los contagios”, ha dicho.
Para el diputado popular esta nueva instrucción de Educación es “un completo disparate”, ya que coloca a los responsables de los centros en una situación sumamente comprometida, además de haber sido adoptada al margen de los sindicatos de la enseñanza.
“El Gobierno de Cantabria es quien debe facilitar todos los equipos de protección individual y la información necesaria para su correcta utilización, así como establecer unos criterios comunes para la movilidad de los trabajadores y el uso de espacios, a fin de que la vuelta a la actividad presencial se realice con todas las garantías sanitarias y de seguridad”, ha señalado el diputado.
Aguirre afirma además que “no es de recibo que la Consejería lleve jugando al despiste con permanentes órdenes y rectificaciones desde el inicio del estado de alarma y la suspensión de la actividad presencial en los centros”, añadiendo que esta “ausencia de liderazgo y fijación de un rumbo claro está generando aún más nerviosismo en estos momentos tan difíciles e inciertos para la comunidad educativa”.
Por su parte, la diputada del PP en el Congreso y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Elena Castillo, ha subrayado la importancia de que desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en coordinación con las comunidades autónomas, se tome la iniciativa a la hora de dictar instrucciones “de forma clara”. “Se trata de un problema que afecta la comunidad educativa de todos los territorios, pero que hoy día es competencia exclusiva del Gobierno de España debido a las atribuciones que le otorga el estado de alarma”, ha dicho.
Finalmente, Castillo ha asegurado que las administraciones deben actuar con rapidez en este asunto, dado que los centros “no pueden retrasar por más tiempo los procesos de admisión y matriculación” y la vuelta a las aulas el próximo curso “debe realizarse de la forma más segura desde el punto de vista sanitario”. Ha insistido en que es momento de dejar de lado los experimentos y aportar certezas, inicialmente a los cuerpos directivos y personal de administración, posteriormente a docentes, alumnos y sus familias.
Se adjuntan audios y PNL registrada por el Grupo Popular en el Parlamento de Cantabria
