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El PP propone al Gobierno de Cantabria un paquete de medidas autonómicas para trabajadores y autónomos

La presidenta traslada a Revilla la necesidad de complementar con cargo al presupuesto de Cantabria las medidas adoptadas por el Gobierno central

Reclama ayudas a las pymes y autónomos que han visto reducida su actividad, ampliar la moratoria del pago de los impuestos autonómicos y la resolución automática de los ERTES

El Partido Popular ha propuesto hoy al Gobierno de Cantabria habilitar un paquete de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis en trabajadores, autónomos y pymes, que incluye ayudas para quienes han visto reducida su actividad, el aplazamiento en el pago de impuestos autonómicos al menos hasta el 30 de junio y la resolución automática de los expedientes de regulación temporal de empleo.

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, trasladará hoy al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, esta propuesta para complementar con cargo al presupuesto autonómico las medidas adoptadas por el Gobierno de España, que, aunque respalda, considera que se han revelado insuficientes.

Buruaga ha defendido que aunque lo primero y lo más importante en este momento es proteger a la población y frenar la pandemia, también es necesario anticiparse e ir adoptando medidas efectivas para que nadie se quede en la cuneta. “Si la situación se presentaba de por sí compleja, ahora tras el apagón empresarial se agrava, porque se obliga a parar a más de 35.000 trabajadores de la industria y la construcción, sectores de peso y con fuerte repercusión sobre la economía regional”, ha afirmado la presidenta para ilustrar la importancia de que el Gobierno de Cantabria se anticipe y adopte medidas adicionales propias.

Las propuestas del PP se dirigen fundamentalmente a apoyar a las pymes y los autónomos, un colectivo para el que el Gobierno de España ha adoptado unas medidas en su opinión muy insuficientes y que requiere de ayudas efectivas y eficaces de manera urgente que les allanen el camino para que puedan sobrevivir, eliminar trabas y apoyarles para que puedan reanudar su actividad.

En Cantabria, son más de 41.000 personas que constituyen la auténtica base del tejido empresarial, que generan actividad económica y empleo y que, en su gran mayoría, se han visto obligados a cerrar sus negocios o a reducir notablemente su actividad, lo que supone que mientras dure la situación sus ingresos serán nulos o mínimos, ha explicado la presidenta.

Así, el Partido Popular pide al Gobierno de Cantabria que amplíe y extienda la orden de ayudas de SODERCAN conocidas como “cheque de resistencia” a todas las empresas y autónomos declaradas a partir de ahora no esenciales y arbitre una nueva línea de ayudas para todos aquellos autónomos y pymes no contemplados en la orden de cierre obligatorio, que siguen prestando servicios pero han visto notablemente reducida su facturación como consecuencia de la caída del consumo y de la demanda. 

La presidenta ha pedido a Revilla que medie ante el Gobierno de España para que devuelva a los autónomos la cuota ya pagada del mes de mayo y se suspenda la de los próximos meses; que se facilite el cobro de prestaciones extraordinarias y que se aplace el pago de cotizaciones a la seguridad social y de los impuestos. 

Además, reclama al Gobierno de Cantabria la ampliación hasta al menos el 30 de junio del aplazamiento del pago de los impuestos de competencia autonómica que el Gobierno de Cantabria aprobó para un mes, con el objetivo de dar liquidez a las empresas para que puedan mantener sus plantillas.

Para eso, ha añadido la presidenta, resulta también fundamental porque es un salvavidas para el tejido productivo garantizar el cumplimiento del periodo de pago a proveedores, mediante un plan específico.

El PP reclama además agilidad en los ERTE, una medida que, según Buruaga, es una de las más importantes para salvar la empresa y a la vez proteger a los trabajadores. 

La presidenta ha recordado que ya hay 20.000 trabajadores afectados por los ERTES y ha explicado que hay miles de expedientes acumulados y el personal del servicio está absolutamente desbordado.

Por ello, propone, en primer lugar, que se refuerce temporalmente la plantilla tanto del registro, como de la asesoría jurídica del servicio de la Dirección General de Trabajo, donde actualmente tramitan los expedientes solo tres funcionarios.

Además, pide que se agilice el procedimiento de modo que la resolución de los expedientes de regulación por fuerza mayor sea automática sin perjuicio de su posterior revisión, mediante una declaración general de reconocimiento de silencio positivo.

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