Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular de Cantabria ha denunciado que en la comunidad autónoma se está sometiendo a numerosas juntas vecinales a una asfixia económica para poner en riesgo su viabilidad.

El vicesecretario de Política Local del PP de Cantabria, Julián Vélez, y el vicesecretario de Acción Social y Sectorial, Carlos Caramés, han advertido hoy en una rueda de prensa de las claras contradicciones de socialistas y regionalistas respecto a las juntas vecinales, que ante los medios de comunicación han venido haciendo una defensa a ultranza por mantener las mismas, mientras que en los ayuntamientos donde gobiernan, por separado o en coalición, les niegan la financiación que garantice su funcionamiento.

Vélez ha recordado que en su etapa como presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), PSOE y PRC pasaron en corto espacio de tiempo, de pedir a través de sus alcaldes en la disolución de las juntas vecinales a coger la pancarta de la demagogia en defensa de las mismas con motivo de la reforma de la Administración Local en 2013. Y hoy, “los mismos ayuntamientos que protestaron ante la FMC, llegando muchos de ellos a abandonarla por la reducción del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Cantabria, les niegan a sus juntas vecinales la financiación que les permita ejercer sus competencias”, ha dicho.

EL EJEMPLO DE PIÉLAGOS

Los dirigentes populares han puesto como ejemplo palmario de esta situación el caso de Piélagos, donde el PP preside diez de las doce pedanías del municipio y donde, según advierten, el PSOE está tratando de “arrasarlas y enterrar su voz” mediante la aprobación de un nuevo reglamento de financiación de las juntas, que modifica la manera en la que deben recibir las aportaciones que cada año les hace el Ayuntamiento y que, además, supone más burocracia.

Carlos Caramés, también portavoz del Partido Popular de Piélagos, ha señalado que los socialistas, que gobiernan en el Ayuntamiento “en virtud de un pacto tripartito y antinatura” pero en ninguna de las pedanías, saben que la Ley determina que si las juntas vecinales no se pueden financiar, deben disolverse. Por eso considera que esta actuación de la alcaldesa Verónica Samperio no es una torpeza, sino que tiene la clara intención de querer cargarse las juntas vecinales “para campar a sus anchas”.

Según ha expuesto, el nuevo criterio que quieren imponer los socialistas a las juntas vecinales de Piélagos es la concurrencia competitiva, como si se tratase de empresas que piden subvenciones públicas, cuando los alcaldes pedáneos prestan servicio a sus vecinos “de manera totalmente altruista y no disponen de ningún tipo de personal retribuido a su cargo” para poder tramitar toda la carga administrativa que implicará el nuevo procedimiento. Algo que ha contrastado con el “festín de cargos de libre disposición y aumentos de sueldos” que ha llevado a cabo el tripartito en el Ayuntamiento, donde “cobran todos los del pacto para que gobierne el PSOE”.

Caramés ha recordado que, hasta la fecha, las juntas vecinales de Piélagos recibían cada año del Ayuntamiento una asignación directa a través de subvención nominativa en los presupuestos. La media era de 20.000 euros y a día 1 de enero el pedáneo sabía lo que le correspondía y podía planificar con seguridad las necesidades y servicios que atender en su pueblo.

“Sin embargo, ahora el equipo de gobierno municipal quiere que los pedáneos compitan entre sí por los recursos disponibles, presentando proyectos que luego ellos evalúan”, ha agregado, apuntando que “no es ni serio ni realista” y que sólo los gastos de profesionales que ayuden en la confección de los proyectos o en su tramitación administrativa van a suponer “un coste inasumible”.

El portavoz popular ha cuestionado la necesidad de más burocracia cuando ya existía un procedimiento a través de los presupuestos municipales con sus debidas garantías legales y fórmulas de justificación del gasto, controladas por la Intervención municipal. Y ha puesto en duda los criterios de presunta objetividad que anuncia el Ayuntamiento.

Además, ha criticado que la nueva normativa pretenda trasladar a las pedanías competencias que no son suyas, como es la organización de las fiestas, función para la que se paga a un concejal de festejos, aunque como siempre contando con la colaboración de las juntas vecinales. “En definitiva, lo que tenemos es más burocracia y menos democracia, más arbitrariedad y menos solidaridad”, ha dicho.

Carlos Caramés ha señalado que la figura de las dotaciones nominativas en el presupuesto que se aplicaban a las juntas vecinales sí se siguen manteniendo para las asociaciones de interés general, de tipo social o que promocionan el deporte. Y ha opinado que está claro por tanto que “lo que pretenden, no es una cuestión de eficiencia ni de ahorro, no importa la atención al ciudadano, sino que es una cuestión eminentemente política”, razón por la cual las diez pedanías en las que gobierna el Partido Popular acordaron este fin de semana presentar alegaciones a la normativa que quiere imponer el PSOE y recurrir este sistema, “curiosamente con la ausencia de los vocales de otras fuerzas políticas que no han acudido a las reuniones con las más variadas excusas”.

Se adjunta fotografía de Julián Vélez y Carlos Caramés acompañados por los diez alcaldes pedáneos del PP de Piélagos