El Partido Popular lamenta que PSOE y PRC no hayan apoyado hoy su Proposición no de Ley para instar al Gobierno de Cantabria a financiar el tratamiento de irrigación transanal (ITA) que permitiría a los pacientes con grave disfunción intestinal vivir de una forma autónoma y participativa socialmente.
El diputado César Pascual, que ha defendido hoy esta iniciativa en la comisión de Sanidad del Parlamento de Cantabria, ha recordado que la incontinencia fecal es un problema que limita la vida personal y profesional de quien la padece y que afecta a grupos especialmente vulnerables, como son los niños, pacientes con enfermedades neurológicas graves, como los que han sufrido una lesión medular, u operados de cáncer colorrectal.
“Los pacientes que lo usan tienen claro que hay un antes y un después de esta terapia, recuperan su calidad de vida, su autonomía y, con ello, su dignidad”, ha dicho.
Por ello ha lamentado que, existiendo un tratamiento eficaz, los grupos que sustentan al Gobierno de Cantabria no posibiliten que todos los pacientes cántabros que lo necesitan pueden acceder a él, cuando hay comunidades autónomas que lo cubren, como la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Madrid o Murcia.
A juicio del portavoz de Sanidad del Grupo Popular, el argumento del cumplimiento de las medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud esgrimido por regionalistas y socialistas para votar en contra de esta propuesta “no se sostiene”, porque -según ha dicho- financiar este tratamiento no tendría gran impacto presupuestario, teniendo en cuenta el número de pacientes subsidiarios y porque en una compra centralizada el coste se reduce notablemente. “Simplemente con un cambio de un fármaco a un genérico se conseguiría el ahorro más que suficiente para financiar este producto sanitario, que encaja perfectamente en la filosofía de lo que es la cartera complementaria”, ha sentenciado.
Además, César Pascual ha considerado que dejar a los pacientes cántabros a expensas de una decisión de compras de un hospital “es discrecional y establece discriminación entre pacientes, porque unos pueden acceder a esta prestación y otros no”.
“No es de recibo que un paciente cántabro que viva en Castro Urdiales no pueda tener acceso a este tratamiento pero un paciente de Osakidetza que viva en Casto sí”, ha dicho, expresando su preocupación por el reconocimiento implícito de PSOE y PRC de dificultades para cumplir las medidas de sostenibilidad.