La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido hoy al Gobierno regional una rectificación urgente de su política presupuestaria porque está llevando a Cantabria de cabeza a la intervención.
La dirigente popular ha advertido de que en 2020, la coalición PRC-PSOE va a tener que hacer más recortes que nunca porque en 2019 incumplió el objetivo de déficit, lo que le va a obligar a aprobar un plan de reequilibrio económico financiero, y porque tiene un boquete en el presupuesto de, al menos, 175 millones.
La presidenta ha sustentado esta afirmación en datos de cierre del presupuesto de 2019 y en la evolución de las cuentas de 2020, unas cifras que son imposibles de esconder y maquillar y que dicen que Cantabria tiene un grave problema presupuestario.
Así, ha cifrado en 75 millones las insuficiencias presupuestarias de obligada cobertura, el dinero que el Gobierno de Cantabria ha presupuestado de menos para afrontar gastos tan ineludibles como las nóminas del personal docente y el personal estatutario del SCS y los conciertos educativos.
Según los cálculos del PP, al Gobierno le van a faltar 30 millones para pagar las retribuciones y la Seguridad Social de los docentes de Cantabria; 32 como mínimo para el personal estatutario del sistema sanitario público y 13 para los conciertos educativos, lo que equivale a un agüero de partida de 75 millones, en el mejor de los casos, puesto que esta cifra no incluye ni los acuerdos laborales que puedan entrar en vigor en 2020, ni los aumentos de plantilla ni la deuda con proveedores que engorda cada día.
Además, otras secciones presupuestarias como el ICASS y el SEMCA están al límite, por lo que bastará la más mínima desviación al alza en sus gastos para entrar en situación de insuficiencia.
La presidenta ha recordado que, en 2019, el PP hizo esta misma advertencia y no se equivocó. El Gobierno hizo en el mes de agosto recortes por 35 millones que ocultó y que paralizaron la inversión pública en Cantabria y, como no le llegó, aprobó después una transferencia de 20 millones de las empresas públicas para pagar las nóminas de educación y sanidad en una operación inaudita y nunca vista en esta comunidad.
La dirigente popular ha advertido, además, de que el Gobierno está ocultando a los ciudadanos que ha presupuestado 94 millones más en concepto de entregas a cuenta de lo que efectivamente va a recibir.
Así, ha explicado que el presupuesto consigna un ingreso por este concepto de 1.951 millones, mientras que la suma comunicada por el Ministerio de Hacienda como entregas a cuenta efectivas durante el ejercicio 2020 asciende a 1.857, un boquete de 94 millones que equivale a toda la deuda pendiente por las obras del Valdecilla, a cuyo pago el Gobierno de Revilla fía el futuro económico de la comunidad.
“Sinceramente no se me ocurre cómo el Gobierno va a conseguir cuadrar semejante desaguisado si no es con más recortes y más deuda”, ha afirmado la presidenta, quien ha atribuido a la situación de las cuentas públicas el hecho de que Cantabria tenga la deuda comercial más alta del país y el periodo medio de pago a proveedores más escandaloso de España.
A noviembre de 2019, esta deuda alcanzaba los 215 millones, 175 con proveedores del sistema sanitario, lo que representa un 1,5 por ciento del PIB, frente al 0,41% de media nacional, mientras que el periodo medio de pago a los proveedores se situó en 90,37 días, 112,64 en el ámbito sanitario. “Por mucho menos, el Ministerio de Hacienda ha intervenido las cuentas de la región de Murcia”, ha apostillado.
Buruaga ha sumado a ese agujero presupuestario, los 42 millones correspondientes a la última anualidad del IVA de 2017 que el Gobierno de Sánchez se ha negado a pagar.
Después de advertir de que el PP no va a aceptar trueques ruinosos, sino que reclama que el Gobierno pague lo que es de Cantabria, la presidenta ha asegurado que no le extraña que la consejera de Hacienda haya tragado con el cambalache del Ministerio que supone la flexibilización del objetivo de déficit porque es una incumplidora de libro.
Y es que en contra de lo que la consejera ha asegurado una y otra vez, el déficit con el que Cantabria va a cerrar el año 2019 va a ser al menos ocho veces mayor del permitido, como mínimo de un 0,8 por ciento, una grave desviación que, según ha recordado Buruaga, exigirá la aprobación de un Plan de Reequilibrio Económico Financiero y obligará a aplicar recortes sobre el presupuesto de 2020 y 2021.
Según la presidenta, esto significa que el presupuesto va a tener que soportar más recortes que nunca: los derivados del incumplimiento del objetivo de déficit y los derivados de las insuficiencias presupuestarias de 2020 que, como mínimo, ascienden a 170 millones.
“Ahora comprenderán porqué afirmo que este Gobierno lleva a nuestra comunidad autónoma de cabeza a la intervención”, ha dicho la presidenta, quien ha hecho hincapié en que el déficit no es una cosa abstracta, es una persona dependiente que no se va a atender; un desempleado que no va a recibir ayuda para recolocarse; una obra que no se va a ejecutar, un polígono industrial que se queda otro año sin construir o un proveedor que se va a pique porque la Administración le paga tarde o mal.
La dirigente popular ha achacado la grave situación de las cuentas públicas a un Gobierno “irresponsable, que presupuesta mal, gestiona peor y engaña sistemáticamente a los ciudadanos”. “El Gobierno dice que tiene lo que no tiene, gasta más de lo que puede, no paga ni lo que compra ni lo que debe y se comporta como un manirroto y un mal pagador”, ha resumido.
Y ha advertido de que el PP no se va a quedar de brazos cruzados y va a someter al Gobierno al seguimiento y al control del que huye sistemáticamente.
La primera medida será interpelar a la consejera de Hacienda para que explique la situación y las actuaciones del Gobierno para reconducirla.
“Espero que esta vez no se atreva a mentir, que no se atreva a sostener que Cantabria está en la senda de la estabilidad presupuestaria y espero que no vuelva a usar como excusa a las personas, cuando todos estamos viendo lo que está ocurriendo con nuestra sociedad de bienestar, con unos servicios públicos esenciales cada día más endeudados, peor gestionados y en agudo deterioro asistencial”, ha concluido.
