Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha afirmado hoy que la sentencia de la Audiencia Nacional da al Gobierno de Cantabria una segunda oportunidad para poder cobrar los 22 millones en los Presupuestos del Estado de 2016 para Valdecilla, por lo que se alegra, y es un acicate para reclamar por la vía judicial los 42 millones del IVA que el Gobierno de Sánchez debe a los cántabros.

“Me alegro de que esta sentencia dé al Gobierno regional una segunda oportunidad”, ha asegurado la presidenta, quien ha calificado de buena noticia para la comunidad autónoma la resolución de la Audiencia Nacional, que reconoce el derecho de Cantabria a suscribir un convenio que es el instrumento jurídico que reconoce la obligación y permite el pago de la subvención nominativa.

Según la presidenta, la comunidad autónoma dispone ahora de una garantía jurídica frente a un compromiso político hasta ahora inexistente: el del Gobierno de Pedro Sánchez con Valdecilla.

“Ahora esos 22 millones ya no son un compromiso político que dependa de la benevolencia de Sánchez, son una obligación jurídica que el Gobierno de Sánchez tendrá que respetar sí o sí, siempre y cuando el Gobierno de Cantabria sea capaz de justificar las inversiones realizadas con arreglo a las estipulaciones del convenio”, ha explicado.

La presidenta ha dicho también que esta sentencia es un acicate y una razón añadida para reclamar por la vía judicial los 42 millones de IVA de 2017 que son de todos los cántabros, que el Gobierno de la nación debe a Cantabria y que está reteniendo de forma inaceptable.

Y ha pedido al Gobierno regional y al presidente que deje de esperar a ver qué pasa y que defienda lo que es de Cantabria con la misma vehemencia que si se tratara del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Le pido que abandone la tibieza, que no se conforme con apaños y que, si en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se resuelve esta cuestión de manera definitiva, ponga en marcha el mismo procedimiento de forma inmediata, porque estamos hablando de una obligación del Estado jurídica, ética y políticamente exigible”, ha añadido.

La presidenta ha subrayado que el derecho a cobrar los 22 millones consignados en 2016 para Valdecilla nunca fue negado por el Gobierno del PP, sino todo lo contrario,  porque, a diferencia de lo que ocurrió en 2017, si existe un derecho a suscribir un convenio es porque había una partida específica en los presupuestos y porque Cantabria había recibido 57 millones en las anualidades de 2013, 2014 y 2015. “Hay un derecho porque el Partido Popular lo generó y lo hizo posible cumpliendo con su parte”, ha resumido.

Buruaga ha hecho hincapié en que si Cantabria no recibió los 22 millones de la anualidad de 2016 fue por causa imputable a la Consejería de Sanidad, que no fue capaz de justificar en tiempo y forma la obra ejecutada y perdió la oportunidad.

De hecho, ha recordado, no consigue hacerlo hasta el mes de diciembre, cuando ya no había margen temporal para tramitar y aprobar el convenio antes de finalizar el ejercicio.