Partido Popular en Cantabria

El Estatuto de Autonomía para Cantabria entró en vigor hace ahora 38 años. Nuestra región estrenaba con ello una experiencia única en su trayectoria dentro de la España común: la experiencia de un amplio autogobierno. Poco tiempo después, nuestro país ingresó en la entonces Comunidad Europea, lo que representó también un absoluto cambio de escenario para nuestra economía regional y nuestra vida cotidiana. A la hora de valorar realizaciones y esbozar futuro, me parece necesario recordar esta conjunción del desarrollo autonómico y de la europeización de Cantabria, ya que el primero suponía centrarnos en nosotros mismos, pero la segunda exigía mirar hacia el exterior.

El balance de la autonomía en Cantabria puede considerarse, en lo fundamental, positivo. Nos ha proporcionado más flexibilidad y libertad para trabajar por una agenda adecuada a las necesidades de los ciudadanos y a las circunstancias específicas de nuestra comunidad, bastante diferentes, como región cantábrica, de las de la meseta. El valor añadido de autogestión y de interlocución con Madrid y Bruselas que tenemos gracias al Estatuto ha rendido frutos indudables, que difícilmente se hubieran logrado de haber permanecido como solo una provincia entre cincuenta españolas o entre diez castellano-leonesas. Ese plus autonómico nos ha permitido contar para nuestros servicios públicos con financiaciones que se cuentan entre las mejores de la nación. No hubiera sido así en otro escenario institucional.

En todos estos procesos, durante cuatro décadas, el centroderecha de Cantabria y, específicamente, el Partido Popular han sido protagonistas fundamentales. Era el sector político mayoritario cuando se optó por la autonomía y ha sido parte esencial en el incremento del autogobierno (recordemos, por ejemplo, cómo se negociaron exitosamente las transferencias educativas y las sanitarias en las presidencias de José Joaquín Martínez Sieso y José María Aznar). El PP y sus antecesores políticos han sido agentes de primer orden en el surgimiento, ampliación y consolidación de la autonomía de Cantabria, siempre con plena lealtad a la España constitucional y a sus principios de unidad de la nación y solidaridad entre los ciudadanos.

Sin embargo, sería absurdo negar que existe en la sociedad de Cantabria una extendida sensación de que estos casi cuarenta años de autonomía podrían haber dado más de sí. Muchos problemas derivados de nuestra integración en el mercado europeo y de sus condiciones de competitividad continúan sin resolverse. Hoy vemos cómo se resienten aún nuestros sectores ganadero, pesquero e industrial. En estas dos primeras décadas del siglo XXI, el PIB por habitante de Cantabria evoluciona peor que regiones vecinas como País Vasco o Castilla y León. Vemos también cómo no acaba de darse soluciones a tres colectivos en riesgo: los parados y/o subempleados mayores de 44 años; los jóvenes ‘ninis’, que ni trabajan ni estudian ni poseen destrezas profesionales; y los egresados universitarios que deben emigrar porque nuestro tejido económico no ofrece empleos adecuados a su preparación. Todos, además, somos conscientes de las carencias aún existentes en cuestiones palpitantes como la sostenibilidad de una sanidad pública de calidad, las conexiones viarias y ferroviarias de Cantabria y la atención a las personas mayores, sobre todo a las que se encuentran en situación de dependencia.

Así pues, a la autonomía de Cantabria le quedan muchos retos por delante para mostrarse como una herramienta más eficaz. Puede decirse que aún no ejerce plenamente sus competencias. Es más, con gobiernos como el actual, que va por su cuarta edición, se limita a administrarlas con poco arte y a quejarse de ‘Madrid’ por sistema. Resulta insólito que cuatro décadas de autonomía lleven a la conclusión de que todas las soluciones están en ‘papá Estado’ y que aquí no hay nada que hacer cuando ya se ha demostrado que, cuando la autonomía quiere, puede. Y lo ha hecho con gobiernos del Partido Popular.

La fórmula para terminar el hospital Valdecilla en un tiempo récord sin depender de los fondos del Estado es una muestra de ello. En cambio, desde hace cinco años no asistimos sino al recorte constante de las inversiones productivas y a una inacción autonómica directamente proporcional al ruido propagandístico que algunos generan cada día, para tapar un inmenso vacío de resultados.

Cantabria llega a este 38 cumpleaños en una situación delicada. El impulso de la recuperación iniciada en 2014 con las políticas del PP se está debilitando notoriamente con el PSOE y el PRC. La última Encuesta de Población Activa es elocuente: fuimos la región que más incrementó el desempleo en 2019, en una España que, por el contrario, redujo el paro. Frente a ello, ni se está activando la inversión pública -todo lo contrario, se la somete a recortes drásticos-, ni se está fomentando la inversión privada. Y el escenario nacional, marcado por un mayor gasto burocrático y por la necesidad del Gobierno Sánchez de atender a los nacionalistas periféricos, no es precisamente favorable a las inversiones estatales en nuestra tierra.

Al igual que en 1981 hubo capacidad de forjar un consenso por la autonomía, debería ser posible hoy construirlo en torno a una agenda de acción regional propia. Es necesario trazar otra ruta, que invite a la participación y al optimismo. En el Partido Popular estamos dispuestos a caminar por esa vía. Se precisa un rumbo nuevo.