Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado hoy que su partido va a dar la batalla en Cantabria y en Madrid para evitar que entre en vigor la nueva regulación de la Ley de Costas, un nuevo atropello del Ejecutivo de Pedro Sánchez al tejido empresarial de la comunidad autónoma que pone en peligro la viabilidad de cientos de empresas y miles de puestos de trabajo.

“El problema de los afectados por la Ley de Costas es el problema de toda Cantabria, porque cientos de negocios y de puestos de trabajo dependen de que el Ministerio permita o no mantener la actividad económica en esas concesiones administrativas. No podemos permitirnos el lujo de que cierren empresas en esa región y de que personas que ahora mismo tienen un empleo, lo pierdan”, ha dicho.

La presidenta ha hecho estas afirmaciones después de reunirse con representantes de la Asociación Cántabra de Afectados por la Ley de Costas, que defiende a las más de 200 concesiones del Estado en dominio público marítimo terrestre afectadas por un reglamento que endurece el trámite de concesión y prorroga y deja en el aire a la mayoría de las concesiones existentes en Cantabria.

Según ha recordado la presidenta, el Gobierno del PP aprobó en 2013 una reforma legal para alargar las autorizaciones administrativas hasta 75 años más de vida, salvando así miles de puestos de trabajo en toda España.

“Ahora –ha añadido- no podemos volver hacia atrás por el capricho de la ministra de Transición Energética, que ha creado un problema donde ya no lo había”.

Y ha hecho hincapié que al cambiar la ley modificando el reglamento que la desarrolla, el Gobierno de Pedro Sánchez asesta un nuevo golpe al maltrecho tejido empresarial cántabro.

Buruaga ha criticado la inacción y la nula respuesta del Gobierno de Cantabria ante este nuevo atropello, porque están más ocupados en hacer el caldo gordo al presidente que en defender los intereses, las empresas y los empleos de la comunidad.

“Revilla y Zuloaga permanecen de brazos cruzados en Cantabria y con los labios sellados en Madrid”, ha afirmado la presidenta, quien ha reprochado al Gobierno regional que ni siquiera haya formulado alegaciones a la norma como si nada de lo que ocurre fuera con ellos. “Es sencillamente inadmisible”, ha apostillado.

Según Buruaga, los afectados ya no esperan nada del Gobierno regional porque el PSOE es su verdugo y el PRC jamás ha atendido sus reivindicaciones y ni siquiera les ha escuchado y acompañado porque para lo importante Revilla nunca está.

La presidenta ha hecho hincapié en que el Partido Popular no va a dar la espalda a los afectados, no va a tolerar que se atropelle al tejido empresarial de la comunidad y va a luchar para que se mantenga la reforma y el reglamento de desarrollo aprobado por el Gobierno del PP.

Además, exigirá a todas las fuerzas políticas que se retraten en Cantabria y en Madrid, con iniciativas en el Parlamento regional, donde el grupo popular ya ha registrado una interpelación, y en el Congreso de los Diputados.

“Veremos si el PRC y el PSOE están con las decisiones de Sánchez o del lado de Cantabria”, ha dicho.

UN DICIEMBRE NEGRO ANTESALA DE UN 2020 MUY DURO

Buruaga ha subrayado que la situación de las empresas ubicadas en dominio público marítimo terrestre es un daño más de los provocados por la indefinición, la incertidumbre y los ataques del Gobierno central, porque cada decisión política que toma supone un nuevo ataque al tejido productivo y hace tambalearse a los gigantes industriales de la comunidad,  a lo que se suma la inacción y la falta de estrategia industrial y de compromiso del Gobierno PRC-PSOE. 

Según la presidenta, Revilla y Zuloaga permanecen de brazos cruzados en Cantabria y con los labios sellados ante Madrid. “Primero negaban la realidad y ahora culpan de ella a la coyuntura general, a Trump o a China y continúan tapando el problema para poder seguir manteniendo su apoyo incondicional a Pedro Sánchez”.

La presidenta ha recordado que detrás de los daños hay decisiones muy concretas y controvertidas del Gobierno socialista, que han convertido el final de 2019 en un diciembre negro para la industria de Cantabria antesala de un año 2020 muy duro para el tejido productivo y, en consecuencia, para la economía y el empleo de la región.

Así, se ha referido a los ataques de la ministra Ribera al diésel y su indefinición a la hora de abordar la transición a la electrificación en el sector del automóvil que asestan un duro golpe a SEG Automotive, GSW o Troquelmain XXI;  los planteamientos en contra de la cogeneración de gas natural del PNIEC que dificultan la transición energética de Solvay;  la no aprobación del estatuto del consumidor electrointensivo y la última subasta de interrumpibilidad que asfixia a Ferroatlantica, y genera problemas añadidos a  GSW o Sidenor.