Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular pedirá al Gobierno de Cantabria que explique en el Parlamento los cambios de criterio y las razones de la rebaja de la cuantía de las indemnizaciones a los ganaderos por los daños producidos por la fauna silvestre, especialmente el lobo.

El diputado y portavoz de Ganadería del Grupo Popular, Pedro Gómez, ha registrado una interpelación al consejero Guillermo Blanco sobre este asunto para su debate en el pleno del Parlamento, después de que el pasado 4 de noviembre el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó la resolución por la cual se aprueba el baremo para la tasación de los daños producidos por la fauna silvestre, cuya responsabilidad corre a cargo de la administración de la comunidad autónoma, con una tabla de indemnizaciones con cuantías inferiores a las contempladas en ejercicios precedentes.

Pedro Gómez ha señalado que la resolución para la tasación de los daños publicada en el BOC recoge modificaciones importantes respecto al baremo inicial “que costó sudor y lágrimas al sector ganadero” y fue consensuado en el año 2014 con un Gobierno del Partido Popular y las agrupaciones conservacionistas.

Gómez ha señalado que esta rebaja ha ocasionado un enorme malestar entre los ganaderos, a quienes una vez más, el Gobierno de Cantabria parece dar la espalda. Y ha criticado que además de hacerse “sin contar con el sector ganadero”, no recoge, como recogía la anterior, todas las razas existentes en Cantabria, dejando fuera la raza pirenaica, la blonda o la aubrac.

Desde el Grupo Popular exigen a la Consejería que vuelva a la valoración económica anterior o, en caso de cambios, que cualquier modificación sea al alza.

Pedro Gómez ha recordado que quien tiene la responsabilidad sobre el control poblacional de los lobos es la administración y ha vuelto a pedir un control más ágil y resolutivo de los daños provocados por la fauna silvestre.

En este sentido el diputado del PP ha vuelto a denunciar que la demora en el pago de los daños provocados por la fauna silvestre supere los seis meses, cuando el Plan de Gestión del Lobo pone un plazo máximo de 90 días.

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