El Grupo Parlamentario Popular ha pedido al Gobierno de Cantabria que explique en el Parlamento por qué ha vendido acciones de la planta de Sidenor en Reinosa a tres empresarios a pesar de contar con informes que lo desaconsejaban.
El diputado Lorenzo Vidal de la Peña ha registrado esta mañana una interpelación dirigida al consejero Francisco Martín como responsable de Industria en este y en el anterior Gobierno y, por tanto, “conocedor necesario de las razones que llevaron a Sodercan a solicitar informes sobre la reputación y honorabilidad empresarial de las personas a quienes se vendió su participación y a ejecutar la venta en una empresa de la que dependen 1.400 puestos de trabajo, pese a que los informes cuestionaban seriamente la idoneidad de los compradores para el mantenimiento de la viabilidad de la fábrica.
Vidal de la Peña ha señalado que “debe aclararse si estamos ante uno de los más vergonzosos casos de ocultación interesada de información relevante en una operación que implica dinero público, estrategia industrial para Cantabria y mantenimiento de 1.400 empleos”.
Vidal de la Peña ha recordado que el pasado mes de junio de 2019, el consejero de Industria en funciones, Francisco Martín, confirmó el visto bueno del Gobierno de Cantabria al plan industrial de NFL para la fábrica de piezas de Sidenor ubicada en Reinosa, así como a la recompra por parte de Sidenor de la participación de la empresa pública Sodercan en el accionariado. "Es un plan industrial de futuro”, afirmó entonces el también hoy consejero de Industria.
Solo cinco meses después se ha hecho público que el Gobierno de Cantabria contrató a una empresa especializada en inteligencia y rastreo un informe sobre los futuros dueños de la planta de Reinosa por el que abonó 14.999 euros. Dicho encargo, realizado a través de un contrato menor reflejado en el portal de transparencia de Sodercan en el segundo trimestre de 2019, no dibujó una foto demasiado fiable de la honorabilidad de los futuros dueños de la planta ni de su interés por garantizar la actividad ni el empleo.
“Los cántabros tienen derecho a saber qué ha llevado al Gobierno de Revilla a poner en manos de tres personas a las que un informe pagado con dinero público define como cuestionables en una empresa de la que depende buena parte de la economía de una comarca entera”, ha señalado el diputado popular.
Vidal de la Peña ha explicado que el grupo popular quiere saber qué garantías o ventajas ofrecieron los tres empresarios, ahora cuestionados, para que fuera su oferta la elegida para adquirir las acciones.
El diputado popular ha asegurado que su grupo no va se a contentar con que Francisco Martín se esconda detrás de la entonces responsable de Sodercan, Rosa Eva Díaz Tezanos, cuando él también era miembro del Consejo de Administración de la empresa pública y avalaba todas las decisiones de la misma, porque “si esa es la línea argumental que va a seguir estará admitiendo que el pacto PRC-PSOE fue un fraude para los ciudadanos hace cuatro años y lo es ahora”.