Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy que va a impulsar una Ley de Garantías para las personas dependientes similar a la de la sanidad pública para que ningún cántabro espere más de 90 días para acceder al servicio que necesita.

La ley dará derecho a las personas dependientes a recibir una prestación económica para pagar una plaza privada durante todo el tiempo de demora.

Buruaga lo ha anunciado en una visita a la residencia Virgen de Valencia, donde ha advertido de que hoy es más necesario que nunca reafirmar el compromiso con el sistema de atención a la dependencia porque en estos cuatro años nada ha mejorado ni para las personas en esta situación ni para las empresas y entidades que las atienden.

“Todo ha ido a peor, ni un  avance, ni un resultado”, ha dicho la presidenta del PP, quien ha afirmado que también para la dependencia esta ha sido la legislatura del prometió y no hizo, porque  prometieron un sistema al nivel de los países del norte de Europa y la comunidad no ha hecho más que retroceder en gestión, en presupuesto y en atención, puesto que se atiende a las personas dependientes mal y tarde.

Ha explicado que el  Gobierno que se llena la boca con el estado de bienestar destina seis millones de euros menos que en 2015 a prestaciones para las personas dependientes a pesar de contar con más ingresos y con más presupuesto y se han disparado tanto las personas que esperan como el tiempo que esperan

Según ha recordado Buruaga, 5.300 personas dependientes no están siendo hoy atendidas,  están esperando a que se les dé el servicio que necesitan. 

Hace cuatro años, el plazo para acceder a un centro de día, al servicio de teleasistencia o la ayuda a domicilio era de 3 ó 4 meses y hoy es de ocho, una espera que en el caso de las plazas de residencia  llega a superar el año.

A todo esto, Buruaga ha sumado la parálisis en la gestión y la voladura del diálogo y el trabajo conjunto con las empresas y entidades que prestan servicios a las personas dependientes, para sustituirlo por la imposición.

Para revertir esta situación, Buruaga se ha comprometido a aprobar una ley que garantice que las personas dependientes sean atendidas cuando lo necesiten y a unificar en una sola consejería las competencias de Sanidad y Servicios.

Se trata de corregir el gravísimo error que el Gobierno de socialistas regionalistas  cometió en 2015 al fragmentar ambas competencias, porque, según ha explicado Buruaga, supone una barrera infranqueable a la coordinación socio sanitaria y perjudica la continuidad de cuidados que demandan los usuarios.

Además, ha anunciado que garantizará por ley la revalorización de los precios públicos que la administración paga a las empresas por la prestación de los servicios para garantizar su sostenibilidad y el mantenimiento del empleo que generan y a derogar la normativa de acreditación de centros para aprobar otra con el consenso  del sector.

Créditos foto: Pedro Puente