21, dic, ?07.- El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puente Viesgo, Fernando Pérez Cos, se ha visto ?obligado? a pedir amparo al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, con el fin de que el alcalde del municipio, el regionalista Rafael Lombilla, ?respete los derechos que la normativa vigente otorga a los concejales para participar en los asuntos públicos?.
Según explicó el portavoz del PP, el alcalde ?se ha negado constantemente? a poner a su disposición en el plazo de los cinco días que contempla la ley las informaciones solicitadas, ?incluso, en alguna ocasión, ha llegado a tardar cerca de tres meses en facilitar la documentación? y todo ello pese a los varios requerimientos que, según Pérez Cos, se le han realizado al primer edil ?para que cumpla la ley, a lo que ha hecho caso omiso?.
Otra de las cuestiones que el portavoz popular ha trasladado al Defensor del Pueblo ha sido la negativa del alcalde ha concederle el uso de la palabra en varias sesiones plenarias, tanto en los que se refiere al turno de réplica como a la petición de intervenir por alusiones.
Pérez Cos consideró que ?la actitud poco democrática del alcalde empieza a convertirse en norma dentro de las filas regionalistas?. Al respecto, recordó la afirmación de Lombilla en el sentido de que ambos tenían una idea muy diferente de la democracia. ?Parece que la idea de la democracia que tiene el alcalde es igual a la que ha mostrado el de Luena?, añadió Pérez Cos, quien recordó la denuncia presentada contra Lombilla por amenazas.
En el escrito presentado al Defensor del Pueblo, el portavoz del PP se remite en primer lugar a los artículos 14 y 94 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los que se hace referencia al derecho de los miembros de las Corporaciones a obtener del alcalde las informaciones precisas para el desarrollo de su función, así como al ordenamiento de los debates. A continuación, Pérez Cos relata una serie de hechos en los que se ponen de manifiesto las dificultades para conseguir la documentación relativa a diferentes asuntos, así como las ocasiones en que el alcalde le ha negado el uso de la palabra. Por último solicita que se hagan varias advertencias y recomendaciones, como la de tener acceso en el plazo de cinco días a la información solicitada o el deber legal de dejarle participar en los debates.
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