Partido Popular en Cantabria

El portavoz del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha mantenido una reunión esta mañana con la Asociación de Afectados por la Ley de Costas en la que han participado los candidatos al Congreso y al Senado, Diego Movellán y Javier Puente. El encuentro viene motivado por la reforma legal que está impulsando el PSOE y que puede abocar al cierre a un millar de negocios de Cantabria.

En declaraciones a los medios, Fernández ha afirmado que “estamos ante un problema regional”, que había dejado resuelto en su momento el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con la Ley de Usos Sostenibles del Litoral, pero que ahora ha vuelto a reabrirse con el desarrollo del reglamento que impulsa el PSOE. Y es que de salir adelante la reforma socialista se produciría el cierre de negocios que van desde pequeñas ganaderías o talleres a grandes empresas o polígonos enteros como el de Raos. Esta reforma “es una amenaza para la actividad económica y el empleo de Cantabria”.

Por ello, el PP vuelve a salir en defensa de los afectados que de paso han podido compartir las soluciones que plantean para trasladarlas al Congreso y el Senado. Según ha recordado Fernández la modificación de la Ley de Costas de 1988 establecía el fin de las concesiones de muchos negocios en 30 años, es decir en 2018, pero el Gobierno del PP evitó el cierre con la aprobación, en 2013, de la Ley de Uso Sostenible del Litoral, que alarga esas concesiones. Lo que había dejado de ser un problema ahora vuelve a serlo con el Gobierno de Pedro Sánchez, que ya ha sacado a información pública la reforma que devuelva a los afectados a la casilla de salida.

El portavoz del PP ha calificado de ”capricho” la reforma del PSOE, que, a su juicio, ha vuelto a los “peores tiempos de Zapatero, los del sectarismo y el desastre”, y advierte de que esta reforma supondrá que “afectados por la ley de costas al final vamos a ser todos, porque va a suponer el cierre de muchos negocios”, un lujo que “ni este país ni esta región se lo pueden permitir”.

Fernández ha apelado a que las autoridades tengan más sensibilidad “hacia quienes mantienen vivos estos negocios y hacia quienes trabajan en ellos”, ya que “no es lo mismo autorizar una prórroga de la actividad por 50 años que decir directamente la concesión se ha terminado”.