Partido Popular en Cantabria

El PP ha advertido hoy de que el Gobierno de Sánchez está obstaculizando la tramitación y cobro del llamado ‘cheque guardería’ a las familias que optaron en su momento por una guardería y no por una escuela infantil. Y es que, como recuerda la diputada del PP, Isabel Urrutia, el Gobierno del Partido Popular a través de los Presupuestos Generales del año 2018 aprobó “el llamado ‘cheque guardería’, que consistía en una deducción por maternidad, adicional a la ya existente, por una cantidad de 1.000 euros cuando el contribuyente que tenga derecho a la misma hubiera llevado a su hijo menor de tres años a una guardería o centro de educación infantil autorizado”.

Según decidió la propia Ley de Presupuestos nacional del año 2018, elaborada y aprobada por el PP, con el voto en contra del PSOE, esta deducción tendría efectos desde el 1 de enero de 2018, “con lo que en la Declaración del IRPF que haremos en este año 2019 las familias que cumplieran con los requisitos de la ley ya podrían deducirse los 1000 euros”.

Sin embargo, cuando la Agencia Tributaria ha comenzado a tramitar esta deducción, “el Gobierno de Sánchez está obstaculizando que las familias que optaron por llevar a sus hijos a una guardería no puedan deducirse esta cantidad de 1000 euros. Esta es la voluntad del Ministerio de Hacienda del Gobierno de Sánchez”, afirma Urrutia. Algo que en Cantabria se agrava todavía más en un segundo plano, porque la exigencia de que estas guarderías estén autorizadas es de imposible cumplimiento ya que el Gobierno de Cantabria no tiene un procedimiento para conceder la autorización administrativa a las guarderías como sí lo hay por ejemplo, para los centros de servicios sociales.

“Es decir, Cantabria tiene 2450 familias que decidieron, o que se vieron obligadas porque no tenían otra opción, a llevar a sus hijos a guarderías y no a centros educativos autorizados por las Comunidades Autónomas, que se van a quedar sin cobrar los 1000 € de la deducción que aprobó el Gobierno del PP”. Y por ello, añade la diputada popular, “no podemos consentir esta discriminación y este agravio porque el Gobierno busque ahora una trampa o una interpretación dudosa para decidir hacer un recorte de forma indirecta pero que afecta a 2450 familias. Por ello, en el último pleno de esta legislatura, interpelamos al Gobierno de Cantabria sobre cuáles son sus criterios y qué actuaciones ha realizado para que ninguna familia, ninguna madre trabajadora pierda los 1000 euros que son suyos y le corresponden”, concluyó.