Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha propuesto hoy aprobar una ley autonómica que garantice que ninguna persona dependiente tarde en ser atendida más de noventa días y que reconozca el derecho a recibir una prestación económica para pagar una plaza privada durante todo el tiempo de demora.

Con esta ley de garantías, el PP quiere que igual en la sanidad pública se garanticen unos tiempos de respuesta y unos tiempos máximos de espera tanto para el reconocimiento de la situación de dependencia, como para el acceso efectivo a la prestación.

Buruaga ha hecho esta propuesta ante representantes de empresas y entidades del sector de la dependencia pertenecientes a las asociaciones FED, Lares, la Plataforma de Atención a la Dependencia y CERMI, con los que se ha reunido para escuchar sus propuestas antes de cerrar el programa de Gobierno.

Durante su intervención, la presidenta ha advertido de que esta ha sido la legislatura del retroceso, la imposición y el incumplimiento y termina sin avances y sin resultados, porque nada ha mejorado ni para las personas en situación de dependencia ni para las empresas y entidades que las atienden.

Buruaga ha denunciado que socialistas y regionalistas destinan hoy menos recursos que nunca a la atención a la dependencia –seis millones menos que en 2015 en prestaciones- por falta de voluntad política y capacidad de gestión, lo que ha provocado que se hayan disparado tanto las personas que esperan como el tiempo que esperan.

Hoy hay más de 5.300 personas dependientes que no están siendo atendidas. La espera para acudir a un centro de día o recibir un servicio de ayuda a domicilio o de teleasistencia se sitúa en ocho meses, mientras que para acceder a una plaza de residencia alcanza el año por la raquítica política de conciertos.

Buruaga ha citado otros indicadores preocupantes, como la prevalencia de la prestación por cuidado en el entorno familiar frente a los servicios profesionales, que merma la creación de empleo, la generación de retornos y la financiación estatal, o el hecho de que Cantabria se haya apeado del podio de las comunidades autónomas con mayor desarrollo de la Ley de Dependencia.

Según la presidenta del PP, a la falta de atención a las personas dependientes, se suma la parálisis de gestión y la voladura del diálogo y el trabajo con el sector para apostar por la imposición.

“Este Gobierno ha fracasado en lo fundamental y lo fundamental son las personas. Estamos como estamos porque no hay proyecto, no hay voluntad política y no hay capacidad de gestión ni de interlocución”, ha resumido

UN MODELO DE ATENCIÓN CENTRADO EN LAS PERSONAS

Buruaga ha defendido un modelo de atención centrado en la persona, en sus necesidades individuales, de calidad y que prime la atención frente a la burocracia, y ha esbozado algunas de las medidas de su programa de Gobierno.

Así, ha propuesto una ley de garantías para las personas en situación de dependencia para que nadie tenga que esperar más de noventa días para ser atendido y se ha comprometido a aprobar en el segundo semestre de este año la cartera de servicios de grado I y a desarrollar de forma inmediata la figura del asistente personal.

Además, ha anunciado que aprobará la normativa de acreditación de centros en el primer año de la próxima legislatura con el consenso del sector para eliminar inseguridad jurídica y las interpretaciones arbitrarias, introducir flexibilidad, aligerar la burocracia y mejorar la atención, y que va a garantizar por ley la revalorización de los precios públicos anualmente para garantizar la sostenibilidad del sistema, de las empresas prestadoras de servicios y del empleo.

El programa de Gobierno del PP incluye también los compromisos de realizar en los seis primeros meses del año un estudio de necesidades de recursos del sistema para la autonomía por zonas de servicios sociales para planificar a cinco años los proyectos y de desarrollar el espacio socio-sanitario.

“Os propongo y comprometo planificación, financiación y gestión”, ha dicho Buruaga a los representantes de las empresas y entidades del sector.

Durante el acto, en el que ha intervenido el diputado por Valladolid y exdirector general de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Ignacio Tremiño, la presidenta del PP ha pedido al Gobierno de socialistas y regionalistas que no haga más daño al sector y ha anunciado que, para eso, el PP defenderá una iniciativa en el Parlamento para que no apruebe la normativa de acreditación a menos que sea negociada y consensuada con el sector.

“No vamos a aceptar imposiciones y lo que no valga al sector, no le valdrá al Partido Popular”, ha advertido la presidenta, quien ha explicado que, en esta iniciativa, el grupo parlamentario reclamará también que se apruebe en el plazo de un mes y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2019 la actualización de precios y a adaptar de inmediato al coste del servicio el precio público que se paga por el transporte adaptado.