El concejal del Partido Popular, José Daniel Cosgaya, ha denunciado “la lista interminable de incongruencias” que jalonan el proceso que ha llevado a construir un nuevo tanatorio en San Felices de Buelna, con tres salas y un aparcamiento para 125 vehículos. “Esto es despilfarrar el dinero público de manera injustificable. Para empezar porque en San Felices ya hay un tanatorio en el Cementerio Municipal, y porque a sólo tres kilómetros tenemos el de Los Corrales de Buelna, también utilizado por nuestro vecinos”.
A esta circunstancia, Cosgaya añade la reciente firma de acuerdos de comarcalización de servicios que San Felices ha firmado junto con otros Ayuntamientos de la Comarca del Besaya. “Por una parte, queremos salir en la foto y estar en un proceso necesario e imprescindible como la Optimización de Recursos Públicos pero luego decidimos que no es suficiente tener tanatorios en Los Corrales, Torrelavega y otros ayuntamientos cercanos”.
El edil popular considera que no existe justificación alguna “se mire por donde se mire” y así aporta los datos del Instituto Nacional de Estadística, que cifran en 25 las personas fallecidas en el municipio como media anual en el período tomado de los últimos diez años. “Para ello, una inversión de un millón de euros, en un tanatorio con 3 salas. ¿Alguien en su sano juicio puede entender semejante despilfarro? Más aún cuando nos dicen que no hay dinero para un sinfín de obras como la biblioteca municipal, la ludoteca juvenil, o para terminar obras que se iniciaron en esta legislatura como el Auditorio Municipal”.
Se da la circunstancia de que el nuevo tanatorio se ubica en una finca comprada en su día por el Gobierno de Cantabria con el fin de construir nuevas viviendas sociales “para dar cabida a nuevas personas en nuestro municipio o posibilitar el desarrollo de los más jóvenes, valorada según nos dicen en casi medio millón de euros”. Para Cosgaya es “dramático” pensar que lo que iba a ser una inversión permanente para la vida “se ha convertido en un espacio para despedir a nuestros fallecidos”.
Más aún cuando ahora el Ayuntamiento abre un Registro de Demandantes de Viviendas tanto de alquiler como de compra. “Nos preguntamos si esta pregunta no habría que haberla hecho con anterioridad, porque si ahora resulta que hay personas demanda suficiente, ¿en qué finca municipal haríamos una nueva promoción pública de viviendas? ¿con qué dinero?”.
Otra cuestión a tener en cuenta es el montante final de la obra, más de 423.000 euros incluido un sobrecoste de 33.328, “asumidos por el ayuntamiento, que ha financiado el 41% de la obra, mientras que el resto lo ha hecho el Gobierno de Cantabria. A modo de apunte, en otras convocatorias de órdenes similares por parte de la Consejería de Obras Públicas en la legislatura anterior gobernada por el Partido Popular, el Gobierno de Cantabria aportaba el 85% y los ayuntamientos el 15%. Nos preguntamos por qué este proyecto no se pidió en su momento, cuando las condiciones se han demostrado mejores que las actuales”.
Y finalmente el modelo de gestión, que tras muchos meses de preguntas sin respuesta “ahora se nos dice que se gestionará por parte del propio Ayuntamiento, porque es muy lioso sacar a concurso la gestión externa del mismo”. Contestación del alcalde que al ser preguntado sobre si se contratará a alguna persona, o cómo se realizará la reserva de las salas, y demás cuestiones básicas, la respuesta fue “que llamen al Ayuntamiento”. Desde el grupo municipal del PP, se exige que cualquier contratación de personal que se hiciera finalmente para atender a esta infraestructura “esté abierta a todas las personas, sea pública y haya transparencia”.
“En definitiva, ningún plan establecido, ningún puesto de trabajo asociado a esta inversión, que deberá seguir siendo mantenida por las arcas municipales. Un ejemplo perfecto de improvisación”, concluyó.