Partido Popular en Cantabria

La portavoz de Presidencia y Justicia del grupo parlamentario popular, Isabel Urrutia, ha presentado tres preguntas parlamentarias al Gobierno de Cantabria de cara al pleno del próximo lunes 10 de diciembre. En ellas se interesa por la situación en que se encuentra la tramitación del Proyecto de Ley de Regulación, Coordinación y Estructura de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

Un texto legal en el que la diputada del PP quiere aclarar si se va a incluir la creación de una nueva categoría profesional de Grupo C1 dando así a los actuales profesionales (C2) la posibilidad de reclasificación. Junto a ello, Urrutia quiere que el Gobierno informe de si está prevista esta reclasificación antes de que acabe la presente legislatura.

Según recuerda la parlamentaria popular, el Gobierno de Cantabria se comprometió el pasado mes de abril a aprobar un proyecto de ley que regule los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, a pesar de haber votado en el Parlamento en contra de la moción del Partido Popular que proponía la aprobación de dicha norma. Ocho meses después de que el Gobierno sacara a información pública su intención de aprobar este texto no se sabe nada de la tramitación, tan solo una respuesta por escrito a esta diputada del PP en el mes de octubre, en la que se reconoce que ni tan siquiera existe borrador de anteproyecto y, además, el Gobierno no ha recibido a los profesionales que le han pedido cita para conocer en qué situación se encuentra.

“Es por ello que hemos presentado esta batería de preguntas para conocer de primera mano si lo que hizo y quiso hacer el Gobierno en el mes de abril fue una cortina de humo y entretener a los profesionales, y si su verdadero objetivo era el que el propio consejero explicó en el Parlamento, en la interpelación realizada por el PP en el mes de abril, afirmando que no iba a regular esta materia porque según él no era su competencia”. 

Urrutia recuerda que el Gobierno de Cantabria fue capaz de cambiar de criterio en tan solo una semana, pero ocho meses después queda claro que “no fue un cambio de criterio por convicción sino más bien una estrategia para ganar tiempo y engañar a los profesionales que se vieron esperanzados con el anuncio del gobierno”.

De hecho tanto los profesionales como el Ayuntamiento de Santander realizaron alegaciones a la información pública exponiendo la necesidad no solo de la regulación de los servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento sino también la justa reclasificación a grupo C1 de los bomberos. “Se sienten engañados, ninguneados y utilizados por un Gobierno que no ha sabido dar las respuestas necesarias en cada momento sino que se ha conducido por la ocurrencia y la patada hacia delante conforme se iban produciendo los hechos”, concluyó.