Partido Popular en Cantabria

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha exigido hoy a Miguel Ángel Revilla que cese inmediatamente a la consejera de Sanidad porque ya no le queda ninguna excusa tras la resolución de la Fiscalía que aprecia fundados indicios de delito en la contratación del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

“Es el presidente el que tiene que demostrar quién manda en Cantabria, el que tiene que obligarla a marcharse, porque que María Luisa Luisa Real siga un minuto al frente de nuestra sanidad es indecente y no tiene un pase”, ha dicho la presidenta del PP, quien ha afirmado que de la consejera no espera que dimita porque está atornillada a su sillón a pesar de que nadie ha hecho al SCS tanto daño como ella.  

Buruaga ha recordado que Revilla dijo primero que la denuncia del PP era humo y un cuento, pero no lo es; después lo fio todo al resultado de la investigación interna, pero ni se inmutó cuando constató las irregularidades, y acto seguido aplazó cualquier decisión al pronunciamiento de la Intervención, pero tampoco movió un dedo cuando las corroboró.

Según la presidenta del PP, Revilla ya no tiene ninguna excusa para no cesar a María Luisa Real, porque, acorralado, dijo que actuaría cuando se pronunciara la Fiscalía y ya lo ha hecho.

Y tiene que cesarla, ha añadido, si hace falta desde México, a donde ha ido a predicar honradez, honestidad y lucha contra la corrupción, una corrupción, ha continuado, que tolera, no persigue y ampara en su Gobierno.

Buruaga ha dicho que la resolución de la Fiscalía, notificada esta mañana al Partido Popular, que presentó la denuncia y se personará como acusación particular en el proceso, es un nuevo revés para el Gobierno y la honestidad del Gobierno, y un nuevo episodio de un escándalo que no se diluye y que no para de crecer.

“Cada hecho, cada informe, cada resolución es una prueba más de que estamos ante una trama de contratación ilegal conocida, consentida y amparada por la consejera de Sanidad y por el Gobierno de Revilla, que ha dado cobertura a la consejera, convirtiéndose en cómplice y encubridor”, ha afirmado.

Según la presidenta del PP, la Fiscalía podía haber archivado la denuncia, pero no lo ha hecho, lo que significa que ésta ya no es solo la investigación del Partido Popular, sino también la investigación de la Fiscalía y que no es sólo el Partido Popular el que ve indicios de delito en las contrataciones del SCS.

Y ha recordado que de lo que se está hablando no es de una gestión chapucera e indecente en materia de contratación, que también, sino de irregularidades e ilegalidades acreditadas por la denuncia de una funcionaria que la consejera tapó; por dos informes de la propia administración, y por dos dimisiones de dos altos cargos que, en ningún caso, solventan y agotan las responsabilidades políticas que hay que depurar.

De lo que se está hablando, ha recordado Buruaga, es de que en el SCS se han dirigido las contrataciones; de utilizar el fraccionamiento de contratos y la contratación menor de forma fraudulenta para eludir los requisitos de concurrencia y publicidad y poder adjudicar a dedo, y de repartir contratos de obras y servicios a tres empresas que son la misma y del mismo dueño: el hijo de un alcalde socialista.

Además, ha defendido que el PP siempre ha ido de frente y se ha conducido con absoluta responsabilidad en este asunto, porque conoció unos hechos que eran un secreto a voces en el SCS; los investigó y documentó durante meses y puso todas las pruebas a disposición del presidente y de la Intervención General.

Sólo con pruebas y cuando tuvo todas las pruebas e indicios de delito, el PP acudió a la Fiscalía porque así es como se tiene que conducir un partido serio ante un asunto tan serio que afecta a algo tan serio como la gestión de nuestra sanidad pública.