Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular está dispuesto a garantizar con su abstención la aprobación de los presupuestos de Cantabria para 2019 con la única condición de que el Gobierno regional revierta todas las subidas de impuestos aprobadas en esta legislatura y baje el IRPF a las rentas más bajas.

La presidenta del Partido Popular, María José Sáenz de Buruaga, ha traslado hoy esta oferta al Gobierno de Cantabria porque está convencida de que dejar más recursos en manos de las familias y las empresas es la mejor política económica y social que existe y porque hay que aliviar la situación de los hogares tras una legislatura en la que se han subido todos los impuestos.

“No pedimos más ni pretendemos nada más de este presupuesto de transición”, ha afirmado Buruaga, quien ha explicado que el PP no se plantea un escenario de posible negociación presupuestaria con socialistas y regionalistas porque ya han señalado a la rotura de Podemos como su socio preferente y porque no espera nada del Gobierno y de un presupuesto irreal, imposible y que no se va poder cumplir.

Según la presidenta del PP, a diferencia del resto de grupos parlamentarios que en esta legislatura han sido cooperadores necesarios de unos presupuestos inservibles, los populares no confían en el Gobierno ni van a convertirse en sus cómplices, porque no van a ser cómplices de una farsa, pero sí van a ejercer su responsabilidad y a salir al rescate de los cántabros con su propuesta.

Por eso y para eso, Buruaga ha anunciado que PP está dispuesto no solo a no presentar enmienda a la totalidad y no apoyar las que pudieran presentarse, sino a garantizar con la abstención la aprobación del proyecto.

El PP exige que baje un punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas más bajas, de hasta 20.200 euros, una medida que beneficiaría a unos 270.000 contribuyentes y que el grupo popular ha defendido sin éxito presupuesto tras presupuesto.

Además, pone como condición que Cantabria vuelva en materia impositiva a la situación de 2015 y se reviertan todas las subidas aprobadas en esta legislatura, lo que significa volver a suprimir el Impuesto de Sucesiones, bajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales que el Gobierno elevó del 8 al 10 para los inmuebles de segunda mano de hasta 300.000 euros y del 4 al 8 para todas las transacciones de segunda mano, y bajar del 1,5 al 1 el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La propuesta de abstención del PP significa también revertir la subida del Impuesto de Patrimonio, de una media del 20 por ciento, y revertir la subida del IRPF para las rentas superiores a 46.000 euros pactada con Podemos y que colocó a Cantabria entre las regiones con un mayor tipo impositivo.

“Esa es nuestra oferta. El Gobierno lo tiene bien fácil para aprobar este año su proyecto de presupuesto. No necesita recurrir a mentiras ni a procedimientos antidemocráticos”, ha resumido Buruaga.

La dirigente popular ha explicado que si el Gobierno acepta la oferta del PP, se sentará a hablar con el Gobierno sobre esta cuestión, pero si no es así, hará lo que tenga que hacer durante la tramitación parlamentaria, sin descartar la enmienda a la totalidad.

Buruaga ha insistido en que el Gobierno de Cantabria va a intentar otra vez engañar a los ciudadanos con una farsa y una función, con unos presupuestos irreales, infradotados en partidas de gasto esenciales, improductivos e inútiles, que persisten en los mismos errores y los mismos malos resultados que en años anteriores, pero esta vez con un fuerte tufo electoral, y que insisten en una política económica fracasada que ha mantenido a la comunidad autónoma en situación de parálisis económica.

Según Buruaga, lejos de ser un instrumento de desarrollo regional, el presupuesto va a ser tan solo el documento que marque el inicio de la campaña electoral, una afirmación que se corrobora, por ejemplo, con la campaña propagandística de la consejera de Sanidad, que ha anunciado que sus presupuestos van a subir un 2,7 por ciento, equivalente a 23 millones, cuando esa cantidad no llega ni para cubrir las insuficiencias del capítulo de personal.

“No quiero ni hablar de los nuevos compromisos de gasto adquiridos, ni de los gastos de farmacia vía receta que dejarán cuatro mensualidades sin pagar este año o de las facturas por suministros hospitalarios que se acumulan y nos esperan en el cajón por importe 120 millones, un hondo agujero de 200 millones de euros que este Gobierno y este presupuesto pretenden tapar con 23”, ha apostillado.

Y ha advertido de que va a ser muy difícil cuadrar las cuentas sin recurrir a las trampas con el incremento del gasto de 2,7 por ciento anunciado por el consejero Juan José Sota cuando se ha frenado en seco la financiación del Estado, puesto que en 2019 solo se recibirán 11 millones de euros más de las entregas a cuenta del sistema de financiación, y cuando hay que cumplir un objetivo de déficit que va a suponer 38 millones de euros menos.