Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley de creación del Consejo de la Juventud para que sea un órgano consultivo del Gobierno, sin gastos, ni personal. “Queremos crear el Consejo de la Juventud, pero no queremos que el Consejo de la Juventud les cueste a los cántabros cada año cientos de miles de euros”, ha resumido el portavoz del PP y diputado, Íñigo Fernández.

La propuesta que plantea el PP es el resultado de un análisis del grupo parlamentario y del trabajo conjunto con Nuevas Generaciones. El motivo por el que el Partido Popular ha decidido plantear un texto alternativo es que está a favor de que Cantabria disponga de un órgano que canalice la participación de los jóvenes, pero no de crear entidades y entramados con presupuesto propio, personal y estructura administrativa. “No podemos volver a las andadas, no podemos volver a los vicios de antes de la crisis”, ha advertido el parlamentario popular, quien ha explicado que aunque existe un compromiso del actual director general de Juventud de evitar que los gastos se vayan de las manos, no se puede crear una herramienta para abrir la puerta a que ocurra en el futuro.

Fernández ha explicado que el PP quiere un órgano consultivo dentro de la administración, y no una entidad con personalidad jurídica propia, sin costes, sin gastos, sin personal, sin estructura administrativa y, en definitiva, sin riesgo de “volver a los vicios de antes”.

De hecho, el anteproyecto original del Gobierno planteaba este formato que defiende el PP en su texto alternativo, el mismo que se ha planteado para el Consejo de la Mujer o el Consejo Económico y Social. Esa era la idea cuando se ha sometido a la consulta de los colectivos y las consejerías y al trámite de alegaciones, pero ha sido durante la tramitación cuando se ha optado por proponer una entidad con personalidad jurídica propia.

El texto alternativo del Partido Popular propone retornar al punto de partido, a la idea original, porque considera que para propiciar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones de los asuntos que les afectan no hace falta disponer de una estructura propia y de una entidad con personalidad jurídica propia. En la enmienda, el PP introduce una serie de cambios para que el Consejo de la Juventud sea más participativo, más operativo y menos sectario.

El presidente de Nuevas Generaciones, Álvaro Aguirre, ha defendido que con el anteproyecto de ley que ha remitido al Parlamento, el Gobierno revela que no quiere un Consejo de la Juventud que refleje la realidad del tejido asociativo, político y sindical de los jóvenes en Cantabria. Nuevas Generaciones ha plantado cuatro cambios fundamentales en el texto alternativo, porque considera que la propuesta del Gobierno convierte el Consejo en el “chiringuito de unos pocos, en el que se escuche el discurso único del PSOE, sin garantías y con barra libre para gastar en favores a amigos”, cuando debería ser un punto de encuentro y cauce de participación de la juventud.

La organización juvenil del PP aboga por un Consejo en el que se dé voz a todos y estén representadas todas las entidades, sin excluir a las que se encuentren fuera del Registro de Asociaciones y Entidades Juveniles de Cantabria. Además, cree que el criterio con el que se pretende determinar el número de delgados miembros de cada consejo es claramente sectario, porque premia a aquellos con apenas treinta miembros y cierra la puerta a una representación real a los superiores a los 200 socios. Por este motivo, plantea un baremo unitario para todos los colectivos atendiendo únicamente al criterio de afiliación.

Según Aguirre, el Consejo también nace viciado porque en lugar de establecer un órgano que medie en los conflictos otorga directamente esta función a la comisión permanente, una decisión sobre la que no hay precedentes en ningún otro organismo en toda España. De ahí que la propuesta del PP incluya la creación de un comité de garantías independiente del resto de órganos del Consejo. Nuevas Generaciones propone, además, que sea la consejería competente la que garantice los medios necesarios para su funcionamiento.