La portavoz de Presidencia y Justicia del grupo popular, Isabel Urrutia, ha requerido al Gobierno de Cantabria para que aclare la situación en la que se encuentra a día de hoy la reclasificación del personal de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. Se trata de una serie de iniciativas por escrito que incluyen tanto preguntas como solicitud de documentación para que sea remitida al grupo parlamentario popular.
Urrutia plantea en sus iniciativas cuestiones cómo en qué tramite del procedimiento administrativo se encuentra el anteproyecto de ley que regulará los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento de Cantabria, si dicho anteproyecto tiene el informe del servicio jurídico, así como en qué fecha tiene previsto el Gobierno aprobar el citado proyecto de ley. Por otra parte, la diputada popular ha pedido el texto del anteproyecto así como las alegaciones y aportaciones que los diferentes interesados realizaron en el periodo de consulta pública del mes de abril.
“Es necesario aprobar una normativa que no solo regule los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento existentes en Cantabria sino, sobre todo, la aprobación de una normativa que ampare la creación de nuevas categorías profesionales que permitan la reclasificación de los actuales servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) a Grupo C1”.
Urrutia considera que el Gobierno dejó claro en el pleno del lunes 26 de marzo, “que no tenía ninguna intención de aprobar ninguna normativa que reconociera la evolución que se ha dado en los servicios de extinción de incendios y salvamento, que ha sido constante y a todos los niveles”. Y es que tal y como subraya este personal ya no se limita a ser ‘apagafuegos’, “ahora se les exige un nivel de conocimientos técnicos superior a los atribuidos al nivel C2 que tienen en este momento”.
Tanto la presión de los propios profesionales como la realizada por el Partido Popular hicieron en un principio recapacitar al Gobierno, y así disponer de un marco normativo que ampare la creación de estas nuevas categorías profesionales y que permita a los municipios la reclasificación de los funcionarios del SPEIS actualmente encuadrados en el Grupo C2. Una normativa que por ahora sigue pendiente de ser aprobada.