Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular reclama al Gobierno de Cantabria la aprobación de una normativa reguladora de los centros públicos de atención a personas en situación de dependencia y de los servicios de promoción de la autonomía, consensuada con el sector y que sitúe en el centro a la persona, la calidad en la atención y en los cuidados.

A través de una Proposición no de Ley, que se debatirá el lunes 24 de septiembre en el Parlamento, el PP exige también consignar en el Proyecto de Presupuestos Generales para la Comunidad Autónoma de Cantabria del año 2019 la financiación suficiente para garantizar la aplicación de la nueva normativa, así como la calidad de atención a los usuarios y la viabilidad del sector de atención a la dependencia de nuestro Sistema Público de Servicios Sociales.

La diputada regional del PP Isabel Urrutia, que defenderá el lunes esta iniciativa, ha criticado la “inadmisible situación” a la que el Gobierno de Cantabria está abocando a las empresas y entidades prestadoras de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según ha expuesto, la parálisis en la gestión del Ejecutivo está generando gran incertidumbre entre las empresas y entidades del sector con las que el Gobierno ha roto puentes el pasado mes de febrero dinamitando el diálogo y el trabajo conjunto y apostando por la imposición.

Urrutia señala que la situación de este sistema es hoy mucho peor para las personas y para las empresas y entidades prestadoras de los servicios que hace tres años y afirma que sólo el sentido de la responsabilidad del sector de la dependencia en nuestra comunidad autónoma es el que está sosteniendo el sistema y permitiendo que no colapse de forma definitiva.

En este sentido Isabel Urrutia recuerda que hoy se dedican siete millones de euros menos que en el año 2015 a prestaciones y que el número de personas esperando a hacer efectivo su derecho se ha disparado hasta superar las 5.000, y con una media de siete meses de espera.

La parlamentaria del PP dice que “nos han echado del podio de aplicación de la Ley de Dependencia a nivel nacional, siendo por primera vez en la historia desde que se puso en marcha el sistema la cuarta comunidad autónoma”, aumentando los problemas a los que el Gobierno ha llevado al sistema de atención a la dependencia durante esta legislatura, la cual ha calificado de “perdida, sin resultados y sin avances, de un Ejecutivo que no ha cumplido ni uno de sus compromisos en materia de Dependencia”.