Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular ha registrado en la mañana de hoy una iniciativa parlamentaria en la que se plantea crear una comisión de investigación sobre el escándalo del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Según ha explicado el diputado autonómico, Iñigo Fernández, la comisión de investigación sobre los contratos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) propuesta por Podemos debe “reorientar, acotar y centrar mucho mejor sus objetivos, de ahí que se haya registrado esta iniciativa paralela en el Parlamento de Cantabria”.

El propósito de esta iniciativa es constituir una comisión que investigue “la actuación del Gobierno de Cantabria desde el pasado 8 de febrero”, cuando la Consejería de Sanidad conoció la denuncia de la jefa de contratación sobre irregularidades en la contratación a la que después se sumaron las del PP y el Sindicato Medico.

Sin embargo, la comisión propuesta por Podemos “tal y como está planteada lleva camino de convertirse en una cortina de humo para esconder la responsabilidad de Luisa Real”, algo a lo que el PP no está dispuesto. Por ello, con esta nueva iniciativa se pretende enfocar la investigación hacia dónde se han detectado irregularidades. Y para ello, hay total disposición a mantener conversaciones con los representantes del resto de los grupos para alcanzar una propuesta de consenso.

“Ellos hacen una propuesta no para investigar, sino para enmarañar y tapar a Luisa Real, que es lo que le conviene al Gobierno de Cantabria. Nosotros hacemos nuestra propuesta. Hablemos y tratemos de llegar a un acuerdo”, explica el diputado regional Iñigo Fernández.

Según el PP, “la tarea de los diputados no puede ser analizar la totalidad de los contratos del periodo 2011-2018, porque esa es una competencia y una labor técnica que corresponde a la Intervención, sino el papel del Gobierno de Cantabria, y en particular de la consejera de Sanidad, desde que tuvo conocimiento de la primera denuncia sobre irregularidades el pasado 8 de febrero”.

El Parlamento tampoco debería investigar los contratos del periodo 2011-2015, porque nunca han estado bajo sospecha y además ya han sido auditados por todos los organismos competentes, incluido el Tribunal de Cuentas, ni los contratos de esta etapa de gestión en los que la intervención ya ha detectado graves irregularidades que están siendo investigados por la Fiscalía.

Para el PP, “lo que hay que saber es por qué el Gobierno se ha empeñado primero en ocultar los hechos y entorpecer después su esclarecimiento e impedir la depuración de responsabilidades políticas obvias. La consejera ocultó los hechos durante dos meses y medio, qué hizo para esclarecerlos, qué relación guarda este episodio con el cese del interventor, qué se ha hecho por aclararlo desde entonces... eso es lo que tiene que investigar el Parlamento”, asegura el diputado Iñigo Fernández.