Partido Popular en Cantabria

El Partido Popular va a pedir al Parlamento que repruebe a la consejera de Sanidad, Luisa Real, por su conducta impresentable ante las irregularidades detectadas en la contratación del Servicio Cántabro de Salud y que reclame al presidente Miguel Ángel Revilla su cese porque está inhabilitada para dirigir la sanidad pública.

La presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado hoy esta iniciativa del grupo parlamentario Popular, que se debatirá en el pleno del 18 de junio, para empujar al presidente a mover ficha, porque hace tiempo que tenía que haber cesado a la consejera por una cuestión de ética y de integridad pública.   

Según ha recordado Buruaga, el PP lleva semanas pidiendo a Revilla que acabe con la hipocresía, con las medias tintas y con las dobles varas de medir y advirtiéndole de que se está equivocando gravemente, porque su inacción solo contribuye a agravar las sospechas sobre la gestión de su Gobierno.

“Si él no quiere mover ficha le vamos a empujar a hacerlo, le vamos a obligar. No nos deja otra salida”, ha dicho la presidenta del PP, quien ha insistido en que la gestión por la consejera de esta crisis no tiene un pase y merece un reproche público además de su cese.

A su juicio, en este momento no hay ningún asunto sobre el que exista mayor grado de consenso entre la oposición, por lo que espera que en coherencia con sus declaraciones públicas se sume a esta propuesta.

Buruaga ha hecho hincapié en que no ha sido el PP quien ha puesto en cuestión la gestión del Servicio Cántabro de Salud, sino su cúpula directiva y la consejera, que lo sigue haciendo con su conducta indigna e impresentable.

Ha recordado que la consejera nombró al director gerente y al subdirector y les dejó hacer cuando recibió una denuncia de su jefa de servicio y no solo no investigó nada, no solo la tapó, sino que intentó enterrarla, cesando a los dos máximos responsables de las auditorias en la Intervención general.

“Cuando las irregularidades acorralaron al SCS y se produjeron dimisiones, aplicó la doctrina Real: yo no he sido, la responsabilidad es de otros, porque yo no tengo nada que ver con lo que se hace en la sanidad pública y, por si acaso, el fin justifica los medios”, ha añadido.

La presidenta del PP ha insistido en que ya nadie puede negar que hay graves irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, porque las ha reconocido el presidente, las ha reconocido el secretario general del PSOE y lo dice con contundencia el informe de la inspección de servicios sanitarios, que ha podido rebajar, pero nunca ocultar lo evidente.

Además, ha advertido de que las empresas beneficiadas por el fraccionamiento de contratos que señala ese informe –Iralia, Gardenor y Serincopsa- siguen facturando con el SCS y ha desvelado que el PP tiene serias sospechas de que a raíz de la denuncia que hizo pública el 25 de abril, Sanidad no solo ha anulado determinados expedientes de adjudicación problemáticos, sino que incluso ha ocultado alguna adjudicación.

Así, ha explicado que Iralia, la misma empresa que ejecutó las obras de ampliación de la Unidad de Atención Temprana del centro de salud de El Alisal, que, de acuerdo con el informe del instructor, se recepcionaron cuando no se habían iniciado y se pagaron sin estar terminadas, resultó adjudicataria en el primer trimestre de este año de otro contrato menor en el mismo centro.

Este contrato tiene un importe de 59.869 euros para la reforma interior y exterior de El Alisal y, sin embargo, no aparece en la relación de contratos menores que el Servicio Cántabro de Salud tiene la obligación de publicar trimestralmente en el Boletín Oficial de Cantabria.

Para Buruaga, la consejera tiene la obligación de explicar el motivo por el que este contrato no figura en el BOC, cuál es su objeto y si se ha ejecutado o no.  

De acuerdo con la relación de contratos recogidos en el BOC, que, según Buruaga, se ha publicado el 4 de junio, con retraso deliberadamente, ese trío de empresas continua llevándose la palma en la contratación menor, con cuatro contratos por importe de 204.000 euros que representan más de la mitad de las obras adjudicadas por la Gerencia de Atención Primaria en el primer trimestre del año y, por lo tanto, antes de la denuncia formulada por el PP.

Estas tres empresas facturaron entre el cuarto trimestre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017 más de un millón de euros acaparando el grueso de los contratos menores del SCS y escalando a las primeras posiciones del ranking de contrataciones.