El informe de la inspección de servicios avala los hechos denunciados por el Partido Popular
El PP recibe a las 18.00 horas el informe sobre las irregularidades en la contratación del SCS, tras la denuncia de ocultación de Buruaga
El PP recibe a las 18.00 horas el informe sobre las irregularidades en la contratación del SCS, tras la denuncia de ocultación de Buruaga
El Partido Popular ha recibido esta tarde el informe de la Inspección de Servicios sobre las irregularidades en la contratación del Servicio Cántabro de Salud, que avala que los hechos denunciados son ciertos y la denuncia fundada.
El informe ha sido remitido al Grupo Parlamentario Popular y a la presidenta del partido por el Gabinete del consejero de Presidencia, a través de un correo electrónico enviado a las 18.00 horas, después de que Buruaga denunciara su ocultación para tratar de trasladar a los ciudadanos unas conclusiones a la carta.
De un primer análisis, se desprende que el informe constata la veracidad de todos los hechos denunciados por el Partido Popular.
El informe hace un análisis exclusivamente desde el punto de vista del procedimiento administrativo de contratación, sin entrar a hacer un pronunciamiento sobre el fondo ni sobre la existencia o no de un ilícito penal.
La presidenta del Partido Popular ha hecho hincapié en que el informe revela que las denuncias del PP son fundadas, porque no desvirtúa la veracidad de uno solo de los hechos denunciados. “Ahora es el informe de parte dirigido por la propia consejería el que constata que no hay novela, ni cacerías, ni conspiración, sino irregularidades en la contratación”.
Así, del informe se desprende, por ejemplo, que las obras del Centro de Salud del Alisal se recepcionaron incluso antes de haberse iniciado y que se pagaron sin estar terminadas.
Además,hubo fraccionamiento de contratos en las obras de ampliación del Hospital Virtual y un asesor, Sáenz de Viteri, cobró un trabajo a través de un familiar.
Buruaga ha exigido al Gobierno que remita inmediatamente el informe a la Fiscalía para que lo incorpore a las diligencias de investigación abiertas porque son los jueces y no el presidente y los consejeros quienes tienen que decir si estas actuaciones son delito o no.
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