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El PP solicitará en el Parlamento que se haga una auditoria sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud

La consejera de Sanidad se encuentra inhabilitada a ejercer un cargo público al haber intentado tapar, desde el primer momento, las irregularidades denunciadas por la jefa de Contratación del SCS

 

El portavoz del Partido Popular, Iñigo Fernández, ha anunciado la batería de iniciativas parlamentarias que este próximo lunes se debatirán en el Parlamento con el fin de aclarar las irregularidades en las contrataciones que se han cometido por parte de los gestores del Servicio Cántabro de Salud. Por un lado se debatirá una proposición no de ley que demanda al Gobierno de Cantabria que encargue una auditoria a la Intervención General de la comunidad autónoma sobre las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud. Además, se planteará una batería de preguntas sobre los ceses en la Intervención General.

Para Fernández las supuestas irregularidades en los contratos del SCS y los ceses en la Intervención General están relacionados, ya que según ha explicado estos relevos se impulsaron para “ayudar a enterrar lo más sucio de este escándalo”. Una operación para la que contó con el apoyo del titular de Economía, encargado de llevar a cabo los ceses.

La actitud de Real, según subraya Fernández, la inhabilita para ejercer su cargo y cualquier otro público porque “tapó” la denuncia sobre las supuestas irregularidades. “En lugar de investigar se dedicó a tapar y ocultar lo sucedido”. Y con el fin de neutralizar la posible acción de la Intervención "lo que hizo fue descabezar la Intervención General para evitar que se investigara".

Junto a todo ello, la consejera ha dedicado las últimas semanas a desviar la atención, tratando de empañar la gestión del PP en Sanidad desde 2011 a 2015. Unas acusaciones que para el portavoz del PP no tienen motivo, entre otras cosas porque entonces ningún funcionario ni el Sindicato Médico denunciaron nada. “Decir que en la etapa del PP se usaron contratos menores es no decir nada, porque la ley lo permite. Lo que la ley no autoriza es su proliferación, ni la de asistencias técnicas para funciones distintas a las que están previstas. Ni los informes a la carta, ni las contrataciones a dedo, ni la certificación de suministros cuando no se han producido”.

Fernández ha exigido a la consejera que deje de hacer trampas y se dedique a aclarar las contrataciones en el Servicio Cántabro de Salud así como el alcance de las irregularidades. Y es que tal y como ha señalado los hechos denunciados podrían suponer “ilícitos penales muy graves”, como delitos de falsedad documental, malversación, tráfico de influencias o usurpación de funciones públicas.

El portavoz del PP ha explicado que las irregularidades denunciadas las han cometido los responsables del Servicio Cántabro de Salud, aunque ha precisado que lo hicieron por encargo y mandato de Real. A pesar de la actitud obstruccionista de la consejera de Sanidad y la complicidad del consejero de Economía, “está por ver” la actitud del presidente Revilla, “de gira por España, firmando libros y haciendo caja a costa de sacrificar sus obligaciones como jefe del Gobierno”, ha lamentado Fernández.

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