Partido Popular en Cantabria

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, Agustín García, denuncia que el alcalde del municipio, Isidoro Rábago, incumple la Ley de Contratos del Sector Público, ya que ha mantenido durante 6 meses a la adjudicataria del mantenimiento de parques, jardines y zonas verdes municipales a pesar de tener el contrato caducado.

Dicho contrato, de cuatro años de duración, estuvo vigente entre agosto de 2013 y septiembre de 2017, con la opción de ser prorrogado durante 2 años más, siempre que hubiese mutuo acuerdo y que la firma de la prorroga se hiciese antes de la finalización del contrato. Dicha firma no se produjo, y nada se hizo al respecto hasta que en febrero de 2018 el PP advirtió al técnico municipal pertinente que el contrato estaba vencido, y que teníamos a una empresa trabajando para nuestro ayuntamiento en situación de ilegalidad.

Un mes más tuvo que pasar para que finalmente, en el día de ayer, mediante resolución de alcaldía se acordara prorrogar el contrato de la adjudicataria, casi 6 meses más tarde de su extinción. “Este hecho constituye una fragante ilegalidad y vulnera la Ley de Contratos del Sector Público. Si la ley dice que el contrato se podía prorrogar por 2 años por mutuo acuerdo de las partes y antes de su finalización ¿Cómo se firma la prorroga 6 meses más tarde?”, se pregunta Agustín García.

Según afirma el portavoz municipal del PP, “lo lógico y legal a estas alturas no es una prorroga, es volver a sacarlo a licitación mediante una mesa de contratación a la oferta más ventajosa económicamente”. Junto a ello denuncia la dejadez y falta de gestión del concejal responsable de esa área “ ¿qué estaba haciendo o en que estaba pensando el concejal de turno encargado de velar por el cumplimiento de este contrato?”.

García considera muy grave que se haya incumplido una ley básica en la gestión de un ayuntamiento y que durante 6 meses se haya estado pagando a una empresa con el contrato extinguido. “Este es el funcionamiento de nuestro ayuntamiento en algunas áreas. Improvisación, mala gestión y cuando preguntas nadie sabe nada de nada”.

“Es impensable que en pleno siglo XXI un ayuntamiento pueda funcionar de esta manera, con una absoluta falta de rigor que dista mucho de una institución que debe velar por los intereses de sus vecinos, cuyos impuestos son los que acaban pagando estos desmanes”, concluyó.