Partido Popular en Cantabria

La portavoz del grupo municipal del PP en Cabezón de la Sal, Esther Merino, ha valorado los autos del juzgado y del fiscal “que daban al traste con las intenciones de Isabel Fernández de mantenerse en el cargo como alcaldesa de Cabezón de la Sal y desacreditar política y personalmente a la portavoz Popular Esther Merino y su equipo de gobierno”.

Según denuncia Merino, la dirigente socialista ha actuado sin escrúpulos para conseguir tales fines, y no ha dudado en poner en tela de juicio la honradez y profesionalidad de los técnicos y trabajadores municipales, llegando a utilizar en su denuncia términos como “trama criminal” y echando por tierra la imagen del propio ayuntamiento de Cabezón de la Sal.

La portavoz del PP relata que el informe presentado personalmente al juzgado a petición de éste, por parte de la intervención municipal “fruto de su trabajo y del de los distintos departamentos municipales sin pasar por manos de la entonces alcaldesa, Isabel Fernández, ha sido clave para poner en evidencia y de manifiesto sus malas intenciones, basadas en denunciar hechos falsos de forma premeditada”.

En la lectura del auto judicial, se van desmontando y aclarando punto por punto, las denuncias y acusaciones que de forma “farragosa, desordenada y confusa redacción” como literalmente define la juez la denuncia presentada por la denunciante y su abogada.

Por todo ello, Esther Merino y su grupo municipal exigen que se pida disculpas públicas expresas a los técnicos y empleados municipales por atentar contra su honor y profesionalidad, a los vecinos del municipio por la mala publicidad dada a su ayuntamiento y que presente la dimisión de su actual cargo “pues está deslegitimada totalmente a desempeñar cargo público alguno, cuando ha utilizado la administración, la condición de su cargo y la justicia para hacer uso partidista de los mismos como herramienta política”.

Al mismo tiempo, el grupo Popular exige que Fernández pague de su propio bolsillo los 30.000€ de asistencia jurídica que se adeudan a su abogada y que ahora debe abonar al ayuntamiento “con el dinero de todos los vecinos para satisfacer sus desvaríos, sus ambiciones y sus malas artes”.

La portavoz del PP recuerda que su grupo lleva solicitando desde hace meses la factura aprobada en Junta de Gobierno en la cual queda reflejado un gasto en concepto de más de 5000 fotocopias así como CD´s de documentación extraída de diversos departamentos municipales por parte de la entonces alcaldesa Isabel Fernández.

“Todo esto se hizo sin el consentimiento o conocimiento de los órganos competentes, así como, sin los informes preceptivos sobre dicha factura. Esperamos que se nos entregue dicha documentación para poder demostrar lo que desde nuestro grupo creíamos, que se había cometido un acto ilícito al haber extraído dicha documentación del Consistorio”.

Y es que según se puede leer en el auto judicial, la interventora municipal ha puesto de manifiesto que se han extraído de las dependencias municipales una serie de documentación si autorización de los órganos competentes. Una documentación que contiene datos personales, amparados por la Ley de Protección de Datos, y que requieren un tratamiento especializado y unas autorizaciones concretas. “Por ello, en cuanto tengamos la documentación solicitada iniciaremos las actuaciones necesarias para depurar responsabilidades por parte de Isabel Fernández”.

Merino avanza además que volverá a solicitar al nuevo alcalde, como ya lo hizo en reiteradas ocasiones a la anterior alcaldesa sin respuesta alguna, los expedientes relativos a pagos jurídicos en relación a las expropiaciones de Casar de Periedo donde Isabel Fernández era parte. “Queremos las facturas e informes correspondientes a los pagos efectuados a su abogada y asesora en el ayuntamiento durante su mandado, así como factura e informes que acrediten lo que se expone en el auto sobre extracción de documentación. En base a todo ello y previa consulta jurídica el grupo Popular ejercerá las acciones necesarias para que Isabel Fernández responda lo que consideramos daños irreparables al ayuntamiento durante su mandato”, concluyó.