Partido Popular en Cantabria

Votar no es un delito. Tampoco lo es conducir un vehículo. Pero saltarse un semáforo en rojo o circular por una autopista en dirección contraria significa incumplir las normas que todos nos hemos dado, poner en riesgo la seguridad de los demás y amenazar las vidas y la integridad del conjunto de los conductores. Y eso sí es delictivo. Y requiere la intervención de la Guardia Civil de Tráfico. Cuando un referéndum se convoca con el fin de que una minoría avasalle al conjunto de la sociedad y pisotee sus derechos, también la Guardia Civil y la Policía Nacional tienen que intervenir para impedirlo. Eso es lo que pasó en Cataluña.

La intervención de los agentes para impedir la celebración de un referéndum declarado ilegal, fraudulento y suspendido por el Tribunal Constitucional era una obligación de los integrantes de dichos cuerpos, una vez constatada la deserción de los mossos de esquadra. Por supuesto que hubiera sido más cómodo no intervenir. Pero una sociedad democrática no puede mirar hacia otro lado cuando se organiza una operación de ruptura de las instituciones democráticas como esta. Hubiera sido más cómodo no intervenir. También cuando ETA asesinaba hubiera sido más cómodo no intervenir. Pero entonces y ahora era obligado hacerlo.

Las críticas que en los últimos días se han venido haciendo hacia el comportamiento de los agentes han provocado la indignación de la sociedad, pues actuaron en cumplimiento de su obligación, atendiendo a mandatos judiciales y en defensa de la legalidad y el orden constitucional. Por este motivo, el Partido Popular (PP) ha promovido en las Cortes Generales, en los parlamentos autonómicos y en todos los ayuntamientos de España una declaración de apoyo expreso a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Porque los ciudadanos decentes tenemos que salir en defensa de quienes nos defienden.

Todas las leyes pueden sustituirse por otras o modificarse. Incluso la Constitución y el Estatut. Pero en un estado de derecho los mecanismos de reforma constitucional están recogidos en el propio texto y deben respetarse, algo que no han hecho los dirigentes de la Generalitat al promover e impulsar este desafío. La Constitución de 1978, aprobada en toda España, registró precisamente en Cataluña sus mayores apoyos, con un 90% del voto favorable y sólo un 32% de abstención. Tanto la ley como el sentido común establecen que un texto que regula la convivencia colectiva no puede revisarse de cualquiera manera, sin un cierto grado de consenso, y mucho menos con el apoyo exclusivo de 72 diputados autonómicos que ni siquiera alcanzan la mayoría cualificada (90 diputados en el Parlament), con el respaldo de sólo un 47% de voto popular en las últimas elecciones autonómicas, con omisión absoluta de trámites y procedimientos, avasallando a la mayoría de los catalanes y del resto de los españoles. Si ante una amenaza tan grave a la legalidad y a la convivencia no intervienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ¿Cuándo están legitimadas para hacerlo?

Se ha dicho que la dureza con que lo hicieron fue excesiva. Pero no lo parece a juzgar por los datos. Practicaron un centenar de intervenciones para desmantelar colegios electorales fraudulentos o retirar urnas manipuladas y en la práctica totalidad de ellas se comportaron con absoluta corrección. Se les provocó, se les insultó, se les atacó, se les escupió... Lo sorprendente es que, en medio de tanta tensión, no se hubieran producido más escenas de violencia, que fueron, todo hay que decirlo, muy puntuales y concretas Pasaron por los colegios electorales en torno a dos millones de personas, según los organizadores. Recibieron ingreso hospitalario cuatro personas. Cuatro. Y uno de ellos por un infarto. Lo demás fueron denuncias manipuladas de personas que afirmaban haber sufrido la rotura de los dedos de la mano izquierda y aparecían luego vendadas en su mano derecha.

A nadie le gusta ver a los policías cargando contra ciudadanos, pero todos los que allí se encontraban eran conscientes de que participaban en un acto ilegal y, lo que es más grave, algunos lo hacían con el único ánimo de provocar disturbios. Y apenas los hubo. ¿Qué hubiera pasado si este ataque al sistema democrático se hubiera producido en Francia o en el Reino Unido? No imagino a los gendarmes o a los bobbyes comportarse con tanta contención. Aquí han recibido las críticas de los nacionalistas de Cataluña y de la izquierda radical española: han recibido la crítica de quienes no quieren a España. Por eso el resto de la sociedad debe pronunciarse en apoyo de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Por eso el PP confía en que estas iniciativas cuenten con el apoyo de todos los cargos públicos e institucionales que defienden la Constitución y quieren a España, que son, afortunadamente, la mayoría.