Partido Popular en Cantabria

La portavoz de Presidencia y Justicia del grupo parlamentario Popular, Isabel Urrutia, ha presentado esta mañana en rueda una proposición no de ley que será debatida en el pleno del Parlamento del próximo lunes. La iniciativa, según ha indicado, pretende que el Gobierno de Cantabria ponga en marcha, en el plazo de tres meses, la Oficina Judicial y la Fiscal, proceso que aún no se ha iniciado a pesar de las reiteradas promesas al respecto realizadas por el actual consejero de Justicia.

Según ha recordado Urrutia, se trata de abordar una modernización pactada en el año 2001, en un pacto de Estado en materia de justicia que instaba e implicaba a todas las administraciones competentes en materia de justicia a realizar determinadas actuaciones tendentes a esta modernización. En el marco de las competencias transferidas a Cantabria la iniciativa del grupo Popular se centra en el eje de la reforma organizativa. “En este momento la Administración de Justicia debe ser objeto de reformas para adaptar la situación de los juzgados y tribunales, así como de la fiscalía, a la realidad del siglo XXI, para conseguir una óptima eficiencia en la utilización del dinero público y, en definitiva, una mejora del servicio público que se presta”, ha subrayado.

La diputada regional defiende en su iniciativa “poner en marcha, aprobar, crear y hacer realidad tanto la oficina Judicial como la oficina fiscal en Cantabria en enero de 2018”. Se trataría de una implantación progresiva de ambas oficinas que haga realidad las peticiones que tanto la fiscalía como el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria realizan todos los años en sus memorias, tanto judicial como fiscal. El principal objetivo de este nuevo diseño de ambas oficinas es agilizar el funcionamiento de los trámites de administrativos, de tal forma que no todo llegue al juez o al fiscal, es decir, que los procedimientos intermedios sean realizados por los profesionales específicos para ello.

Urrutia ha criticado que desde el inicio de la legislatura, el consejero de Justicia lleve prometiendo la puesta en marcha de esta nueva organización de la administración de justicia primero en 2015, luego en 2016, 2017, “y mucho nos tememos que no va a estar para el 2018, y que los presupuestos de 2018 no lo van a traer”, ya que según denuncia “no es que la propuesta y la iniciativa esté verde, es que ni tan siquiera la han empezado a madurar”.

Por ello, la portavoz de Justicia del grupo Popular considera que el Gobierno “tiene que pasar del discurso a la acción, de la intención a la actuación y del propósito al hecho”. Y es que según recuerda, Cantabria es una de las últimas comunidades autónomas “que teniendo asumidas las competencias no ha puesto en marcha, no ha movido ni un solo papel para implementar las oficinas fiscal y judicial”. 

El lunes, el grupo Popular espera conseguir el apoyo mayoritario de la Cámara para que se ponga en marcha el proceso en un plazo de tres meses, ya que según subraya Urrutia, “s en febrero de este año el consejero decía que era posible que estuvieran en dos meses, en este caso le estamos dando un margen de tres”, concluyó.