Partido Popular en Cantabria

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Santillana del Mar, Agustín García, ha afirmado que el Consistorio dejará de enviar notificaciones relacionadas con el Impuesto de Plusvalía, y en este sentido ha añadido que el alcalde Isidoro Rábago (PSOE) se ha visto obligado a tomar esta decisión ante las sentencias contrarias por el cobro indebido del citado impuesto.

Agustín García ha explicado que en los últimos 15 días se han conocido dos sentencias contrarias al Ayuntamiento de Santillana del Mar dictadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Santander, que obligan a devolver a los vecinos demandantes 61.000 euros indebidamente cobrados por la liquidación de este impuesto, según se desprende del dictamen. Además, el tribunal condena en ambos casos al Ayuntamiento al pago de las costas.

Agustín García ha recordado que el Impuesto de Plusvalía es exclusivamente municipal y que es el alcalde quien dictamina el coeficiente a aplicar para la liquidación de dicho impuesto. Así mismo, ha señalado que El Partido Popular siempre ha defendido que se trata de un impuesto injusto, ya que grava las herencias que las personas donantes han conseguido con su esfuerzo y que en su momento ya tributaron a través del pago del IBI.

Al respecto ha subrayado que en 2016, el Ayuntamiento de Santillana  recaudó lo que ha calificado como salvaje cantidad de 571.000 euros, y ha enfatizado que eso no es recaudar, eso es sangrar y sangrar a los vecinos llevando a personas honradas y trabajadoras al límite, siendo ese límite la ruina.

El Partido Popular en este año y medio siempre se ha topado con la mayoría absoluta del alcalde Isidoro Rábago y de su equipo de Gobierno para no eliminar este impuesto, ahora parece que por la vía de los hechos los tribunales nos han dado la razón, siendo ellos los que han conseguido su retirada momentánea, ha señalado el portavoz del PP.

Por último ha indicado que la liquidación del Impuesto de Plusvalía se volverá a notificar a los vecinos desde el Ayuntamiento una vez que el Gobierno central apruebe una nueva ley que, teniendo en cuenta los dictámenes de los tribunales, se ajuste a la nueva realidad y permita a los Ayuntamientos devengar el Impuesto de Plusvalías de forma legal.